El BNG reclama que Meirás cuente la historia de la represión franquista y de sus víctimas
La declaración del Pazo de Meirás como Lugar de Memoria Democrática vuelve a generar debate. El BNG reclama al Gobierno central que revise el contenido de la resolución para que el relato sobre el histórico inmueble sitúe en el centro a las víctimas de la represión franquista, el expolio y la lucha por la recuperación del pazo para el patrimonio público.
El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, trasladó esta petición este viernes ante las Torres de Meirás, acompañado por la diputada Iria Taibo, por el investigador y activista memorialista Carlos Babío y por representantes de diferentes entidades vinculadas a la recuperación de la memoria histórica.
La formación nacionalista respalda así el recurso presentado por colectivos memorialistas contra la resolución que otorga a Meirás esta consideración. Según el BNG, estas organizaciones reclaman que la declaración recoja de forma más clara la historia de la represión y del expolio relacionado con el pazo y reconozca también el papel desempeñado por el movimiento memorialista en la recuperación del inmueble.
Las víctimas, en el centro del relato
La petición del BNG pasa por reorientar el relato asociado al Lugar de Memoria para situar a las víctimas de la represión como elemento central.
Rego sostiene que el espacio no debería presentar una visión desvinculada de la historia de la dictadura y reclama que la declaración recoja también el proceso de recuperación del pazo y las reivindicaciones desarrolladas durante décadas por colectivos sociales y memorialistas.
Entre las demandas que hace suyas el BNG está también la recuperación de la denominación habitual de Pazo de Meirás, frente a la denominación empleada en la resolución, al considerar los colectivos que el nombre tradicional facilita la identificación social del lugar.
Otra de las cuestiones que cuestionan es el protagonismo concedido a la figura de Emilia Pardo Bazán dentro de la declaración. El BNG considera que la presencia de la escritora debe contextualizarse dentro de la historia del inmueble y no desplazar el foco sobre las víctimas de la represión y la posterior apropiación del pazo por el franquismo.
Un debate que llega en un momento de tensión alrededor de Meirás
La petición se produce además en un momento en el que el futuro y la gestión del Pazo de Meirás han vuelto a ocupar la actualidad.
En julio, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica reclamó a la Xunta que interviniera ante el cierre de parte de las estancias interiores del inmueble y cuestionó el régimen de visitas.
Pocos días después, la misma entidad denunció la retirada de numerosos bienes por parte de la familia Franco y pidió explicaciones a las administraciones sobre los trabajos realizados en el interior del pazo.
Y esta misma semana trascendió que cerca de 700 objetos retirados de Meirás serán puestos a la venta en una subasta prevista para el 27 de octubre, una situación que también provocó nuevas peticiones de los colectivos memorialistas para que se adopten medidas sobre estos bienes.
El pazo es propiedad pública
El debate sobre el relato memorialista se produce después de que la situación jurídica del inmueble quedara consolidada. El Tribunal Supremo confirmó en marzo de este año que el Pazo de Meirás pertenece al Estado, aunque la resolución judicial también reconoció determinados derechos indemnizatorios a la familia Franco en relación con su posesión de buena fe.
La propia documentación de la Xunta sobre el inmueble recuerda que las Torres de Meirás fueron declaradas Bien de Interés Cultural y que el espacio posee una especial relevancia histórica y patrimonial. La historia del pazo está también marcada por su adquisición durante la dictadura para ser entregado a Francisco Franco.
En este contexto, el BNG defiende que la declaración como Lugar de Memoria debe reflejar, según su posición, el conjunto de la historia del lugar y especialmente la memoria de las personas afectadas por la represión y por el proceso de expolio.
Carlos Babío, por su parte, aseguró que la declaración debería ser fiel a la historia de Meirás y estar orientada a la memoria de las víctimas, así como a los principios de verdad, justicia y reparación.
La petición queda ahora en manos del Gobierno central, que deberá resolver el recurso presentado por las organizaciones memorialistas contra la declaración.