El control en la recepción de la uva refuerza la garantía de origen y calidad de los vinos en el Ribeiro
El director de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria, Martín Alemparte, visitó este miércoles la bodega A Vilerma, situada en Leiro y adscrita a la Denominación de Origen Ribeiro, para conocer sobre el terreno el sistema de control que los consejos reguladores aplican durante la vendimia sobre la uva que entra en las bodegas.
La recepción de la uva es uno de los momentos clave de este proceso: en ella se verifica su procedencia, su correspondencia con las parcelas y los operadores inscritos, y el cumplimiento de las producciones máximas y del resto de condiciones fijadas en el pliego de cada denominación.
Estos controles permiten acreditar que la uva empleada en la elaboración de los vinos amparados procede realmente del territorio delimitado y cumple las condiciones exigidas para comercializarse bajo el nombre de la denominación correspondiente. Además, contribuyen a evitar que uva ajena al área protegida, o no autorizada, entre en el circuito de la denominación, una práctica que perjudicaría tanto a los viticultores como a las bodegas que sí respetan la normativa.
El sistema cumple así una doble función: protege a los operadores, al garantizar unas mismas reglas para todos, y da confianza a los consumidores, que pueden dar por hecho que detrás del sello de una denominación de origen existe un mecanismo de trazabilidad capaz de acreditar la procedencia y autenticidad del producto.
La autoridad competente en esta materia es la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria, que delega en los consejos reguladores la vigilancia del cumplimiento de la normativa de cada denominación, bajo su propia supervisión.
Dispositivo reforzado durante la campaña
Los cinco consejos reguladores vitivinícolas gallegos cuentan con 22 personas dedicadas de forma permanente al control, a las que se suman otras 45 con contratos temporales durante la vendimia, hasta sumar un total de 67 personas. A este equipo se añade el personal de la Consellería do Medio Rural y la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la policía autonómica, que participan especialmente en el control de los movimientos de uva y mosto por las vías públicas y en la comprobación de la documentación de acompañamiento.
Para sostener este dispositivo, la Consellería do Medio Rural mantiene una línea de ayudas destinada a los costes de los controles, complementada con otra para gastos de funcionamiento. En 2026, ambas líneas han supuesto que los cinco consejos reguladores vitivinícolas recibieran más de 273.000 euros.