El CPXG condena las agresiones a periodistas en las concentraciones por Ceuta en Lugo y Santiago

Al menos dos informadores fueron insultados y amenazados, produciéndose hechos similares en las convocatorias de otras comunidades
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4 Sep 2026

La Xunta de Gobierno del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia condena de manera enérgica los insultos y amenazas recibidos por dos compañeros de la Cadena Ser que estaban cubriendo las concentraciones por Ceuta realizadas este miércoles en Lugo y Santiago de Compostela, convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el caso de la periodista lucense, las agresiones verbales la obligaron a abandonar una determinada zona de la concentración, limitando su derecho a informar.

Estas son las dos agresiones de las que el Colexio de Xornalistas tuvo noticia en Galicia hasta este momento, pero en varias concentraciones similares en otros lugares del Estado se produjeron otros ataques a periodistas que deben hacernos reflexionar sobre la preocupante sistematicidad de este comportamiento. La profesión lleva años advirtiendo del aumento y la normalización de la violencia contra las y los comunicadores en las manifestaciones, alimentada por un clima de discursos de odio crecientes, señalamiento de periodistas por parte de líderes políticos y sociales y cuestionamiento interesado de la información.

Como cualquier profesional, las y los periodistas pueden ser criticados por el ejercicio de su trabajo, y existen vías legítimas para hacerlo. Pero la violencia contra quienes garantizan uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía, el de estar informada, solo puede llevar a una sociedad menos libre y democrática. Tras el fomento del odio contra los y las profesionales de la comunicación se esconden intereses que fomentan políticas totalitarias, y si estos triunfan pierde toda la población. Es necesario detener, inmediatamente, la escalada de violencia que estamos viendo contra periodistas y medios.

En la lucha contra este tipo de comportamientos es preciso implicarnos todas y todos. Los poderes públicos deben vigilar el respeto a la libertad de información e instar a las fuerzas de seguridad a proteger en todo momento la labor de las y los periodistas. Las organizaciones, la sociedad civil y la ciudadanía tienen que condenar cualquier tipo de agresión y frenar el clima de odio contra la profesión. Las empresas mediáticas han de poner medidas que garanticen la seguridad de su plantilla. Y la profesión periodística, en fin, debe velar por el cumplimiento de la deontología y señalar aquellas cabeceras y personas que, disfrazándose de profesionales, solo se dedican a difundir desinformación y odio. Si peligra el valor irreemplazable del periodismo como pilar democrático y fiscalizador de la sociedad, lo que está en juego es nuestra libertad.

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