El DOG oficializa el cierre de cuatro escuelas unitarias por falta de alumnado en Boiro, Mesía, Taboadela y Portas
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este martes la orden que establece la modificación de los puestos de trabajo docentes en los centros públicos dependientes de la Consellería de Educación y que confirma el cierre de cuatro escuelas unitarias por falta de alumnado. Las instalaciones afectadas están situadas en los municipios de Boiro y Mesía, en A Coruña, Taboadela, en Ourense, y Portas, en Pontevedra.
La medida forma parte de la reorganización de las unidades y de los puestos docentes de los centros públicos de educación infantil, primaria y especial, una revisión que la Xunta justifica por la necesidad de adaptar la estructura educativa a las necesidades reales de la población escolar y a la evolución demográfica.
En total, la orden introduce cambios en alrededor de 250 centros de diferentes tipologías, entre ellos colegios de educación infantil y primaria, centros públicos integrados, centros de educación especial y colegios rurales agrupados.
En el caso de las escuelas que dejarán de funcionar, el DOG recoge el cierre del CEIP Pazos-Comoxo, en Boiro; de la Escuela de Educación Infantil de Olas, en Mesía; de la EEI de Taboadela y de la EEI de Lantaño, en Portas.
La Xunta ya había anunciado previamente estas decisiones, argumentando que los centros no contaban con una matrícula suficiente y tampoco existían previsiones de incremento del número de alumnos. En concreto, la escuela unitaria de Mesía tenía cinco alumnos matriculados, mientras que la de Taboadela contaba con un único estudiante. En Portas eran tres los alumnos y en Boiro dos.
La Consellería de Educación defiende que la reorganización responde a la necesidad de adaptar el mapa escolar gallego a la realidad demográfica y de adecuar las plantillas a las necesidades de los centros, especialmente para reforzar la atención a la diversidad mediante la incorporación de profesorado especialista.
La orden publicada en el DOG también establece los criterios que se aplicarán para la movilidad del personal funcionario en los propios centros, así como los procedimientos para solicitar los nuevos puestos de trabajo. Además, recoge la aplicación de la normativa relativa a la pérdida del destino definitivo y otras cuestiones relacionadas con la reorganización de las plantillas docentes.