El MITECO rebaja la inversión mínima para acceder a las ayudas en municipios rurales de transición justa
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), aprobó una modificación de las bases reguladoras de las ayudas a proyectos empresariales en zonas de transición justa. La nueva normativa, recogida en la Orden TED/1171/2026 y publicada este viernes, 6 de noviembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), introduce cambios para facilitar el acceso a las subvenciones, agilizar el desarrollo de las iniciativas empresariales y favorecer la creación de empleo en estos territorios.
Una de las principales novedades es la reducción de 30.000 a 6.000 euros de la inversión mínima necesaria para acceder a las ayudas destinadas a pequeños proyectos empresariales en municipios de reto demográfico de las zonas de transición justa. La medida pretende beneficiar especialmente a los pequeños negocios y a los servicios de proximidad, sobre todo en las localidades de menos de 500 habitantes, donde las inversiones necesarias para iniciar o mantener una actividad económica suelen ser de menor cuantía.
Esta modificación da continuidad a los cambios introducidos en la convocatoria de 2025, que amplió las actividades subvencionables para incluir bares, restaurantes, comercios minoristas, peluquerías y otros servicios locales. Con la nueva regulación, podrán recibir apoyo iniciativas de menor dimensión que contribuyan a mantener la actividad económica, los servicios básicos y las oportunidades laborales en los municipios afectados por el cierre de instalaciones energéticas.
La reforma afecta a las dos líneas de apoyo del Instituto para la Transición Justa: las ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo y las destinadas a pequeños proyectos de inversión. Según el Ministerio, los cambios responden a la experiencia acumulada en las convocatorias de 2023 y 2025 y buscan adaptar los requisitos a las necesidades de las empresas y a los plazos reales de ejecución de las inversiones. También pretenden mejorar el aprovechamiento de los recursos del Fondo de Transición Justa, que cofinancia estas actuaciones.
Otra de las modificaciones introduce mayor flexibilidad en los requisitos de ejecución de los proyectos empresariales generadores de empleo, especialmente en los de carácter industrial, que precisan autorizaciones ambientales, licencias de actividad u otros permisos administrativos antes de iniciar las inversiones.
Hasta ahora, las empresas beneficiarias debían ejecutar y pagar al menos el 15 % de la inversión subvencionable durante los nueve primeros meses desde la concesión de la ayuda. Con las nuevas bases, este requisito se sustituye por la obligación de acreditar una ejecución mínima del 8 % en el momento de solicitar una prórroga del proyecto, que podrá tramitarse a los dos años de la concesión.
La normativa también introduce un criterio de mayor proporcionalidad en los casos de incumplimiento parcial de los compromisos de inversión o creación de empleo. De este modo, la reducción de la subvención se aplicará únicamente sobre la parte correspondiente al compromiso incumplido, en lugar de afectar al conjunto de la ayuda concedida.
Estas mejoras se incorporarán a las dos nuevas convocatorias en las que está trabajando el Instituto para la Transición Justa, con una dotación conjunta de 50 millones de euros. Una de ellas estará dirigida a proyectos empresariales generadores de empleo y la otra a pequeños proyectos de inversión, con el objetivo de impulsar nuevas actividades económicas y oportunidades laborales en las zonas de transición justa.
Las nuevas líneas darán continuidad al apoyo del MITECO a la diversificación económica de los territorios afectados por el cierre de minas de carbón, centrales térmicas de carbón y centrales nucleares. La finalidad es favorecer tanto la implantación de nuevas actividades productivas como el mantenimiento y el desarrollo del tejido empresarial local.
La publicación de las modificaciones se produce un día después de que el Instituto para la Transición Justa resolviera la convocatoria de 2025 de ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo. En esa resolución se concedieron 22,3 millones de euros a 35 proyectos situados en zonas de transición justa. Las iniciativas movilizarán cerca de 93 millones de euros en inversiones y prevén la creación de 435 puestos de trabajo, con el propósito de diversificar la actividad económica y generar nuevas oportunidades laborales en estos territorios.