El personal de cuidados convoca una manifestación contra la precariedad este sábado en Santiago
El personal del sector de cuidados, formación y protección a las personas —público y privado— continúa sus luchas para denunciar la precariedad que padece y las consecuencias que esto tiene para las personas usuarias de los distintos servicios. Por ello, este próximo sábado 14 de noviembre tienen convocada una nueva manifestación que saldrá de la Alameda de Santiago de Compostela a las 11:00 horas para reclamar la creación de un Servicio Público Gallego de Atención a las Personas que garantice condiciones dignas para las personas trabajadoras y usuarias.
La CIG, CUT y SNEP llevan años denunciando la situación, tanto laboral como profesional, de las escuelas infantiles de 0-3 años, centros de protección de menores y reforma juvenil, residencias de mayores, centros de día, centros de noche, viviendas tuteladas y hogares residenciales, centros de atención a la diversidad, Servicios de Ayuda en el Hogar, equipos de valoración de la discapacidad y dependencia, atención temprana a la discapacidad o de los equipos de protección de la infancia, servicios que el Gobierno del PP en la Xunta viene desmantelando y precarizando con políticas privatizadoras para hacer de ellos un nuevo negocio a costa de las personas más vulnerables.
Como recordaron en la rueda de prensa celebrada el pasado 24 de septiembre a las puertas del edificio de la Xunta de Galicia en San Caetano, la crisis de la COVID-19 puso más de manifiesto que nunca la necesidad de situar la formación, la protección de las personas más vulnerables y los cuidados entre las prioridades de las políticas públicas y, por tanto, la urgencia de una mayor inversión pública en servicios de atención a las personas.
Sin embargo, consideran que es evidente «la ineficacia de la prestación de servicios de atención social y de cuidados por parte de las entidades públicas y privadas», con la dejadez y la irresponsabilidad del Gobierno del PP, que seis años después sigue sin adoptar medidas que garanticen una atención adecuada y de calidad. «Son manifiestas las carencias de personal y material, la falta de protocolos homogéneos de funcionamiento, los abusos patronales y los importantes niveles de explotación laboral y precariedad». Una situación que, advirtieron, «tiene un componente de género al ser sectores muy feminizados».
Por la gestión directa
Tal y como alertaron, los servicios públicos son la única garantía para una atención digna. Por eso denunciaron que «no es de recibo que los cuidados, la formación, la protección y la salud de estas personas vulnerables sigan guardando relación con los beneficios y las fluctuaciones en bolsa de los fondos de inversión, multinacionales o fondos buitre que están detrás de las concesionarias de estos servicios públicos».
Ante esta situación, la CIG, CUT y SNEP defienden la gestión directa por parte de las administraciones públicas de todos los servicios públicos. Exigen que los recursos y servicios sociales de atención a las personas dejen de ser una actividad socialmente poco valorada y en condiciones precarias, para pasar a ser considerados servicios esenciales que debe prestar la Administración pública en condiciones de calidad asistencial para las personas y con condiciones de trabajo dignas y estables para todo el personal trabajador.
Consideran imprescindible el incremento de los equipos de valoración de la discapacidad y dependencia y de los equipos de protección del menor, para agilizar los trámites, así como el incremento y la adecuación de los presupuestos públicos destinados a este fin, además de los dirigidos a la promoción de la autonomía personal y el envejecimiento activo y a la protección de la infancia vulnerable mediante el despliegue efectivo y ágil de la Ley de Dependencia.
Del mismo modo, exigirán la transferencia a Galicia de todas las competencias y recursos públicos para desarrollar, aplicar y ampliar la Ley de Dependencia y la elaboración de protocolos que garanticen la seguridad y la salud de las personas trabajadoras ante cualquier situación de violencia en el trabajo.
Reivindicaciones y calendario de protestas
Las organizaciones sindicales han acordado priorizar la mejora de las condiciones laborales, sociales y salariales mediante la negociación colectiva, abriendo mesas de diálogo tanto en el ámbito privado, a través del Consejo Gallego de Relaciones Laborales, como en el público, con la Dirección General de Función Pública. Responsabilizan a la Xunta de la situación actual y advierten de que la negativa a negociar por parte de las Consellerías implicadas —Política Social y Educación— no frenará la defensa de mejoras como la bajada de ratios, la reducción de la carga de trabajo, más personal especializado y salarios dignos y justos.
Para ello están desarrollando un intenso calendario de movilizaciones, entre las que ya se han llevado a cabo diferentes concentraciones, como la del pasado 15 de octubre, o esta próxima manifestación del sábado 14 de noviembre, sin descartar la posibilidad de convocatorias de huelga en los sectores afectados en próximas fechas, concretamente en diciembre, mes en el que la Xunta del PP aprobará los Presupuestos para 2027.