El personal de las Administraciones Públicas se movilizó en Santiago para reclamar salarios dignos
Más de 200 delegadas y delegados de la CIG-Administración Pública se manifestaron este miércoles en Compostela contra la pérdida de poder adquisitivo del personal empleado público y para reclamar al Gobierno gallego y al estatal medidas para revertir este empobrecimiento.
La movilización, que estuvo precedida de una asamblea de personas delegadas, partió al mediodía de San Lázaro y terminó con una concentración a las puertas del complejo administrativo de la Xunta en San Caetano, donde se reclamaron salarios dignos, garantía salarial y vivienda accesible, además de lanzar un llamamiento a secundar la huelga general de este 11 de noviembre.
El secretario nacional de la CIG-Administración Pública, Luís Carballo, recordó que en los últimos años los salarios del personal empleado público acumulan una pérdida del 23%, «fruto de años de acuerdos salariales insuficientes y de la ausencia de garantías que impidan que la inflación siga reduciendo el valor de nuestros salarios».
Puso especial atención en las dificultades económicas que están afrontando las trabajadoras y trabajadores de las categorías mayoritarias en la Administración, como los grupos C1 y C2, y en los bajos salarios de mucho personal de los ayuntamientos, cuyas retribuciones en las RPT ya quedaron por debajo del SMI y tienen que percibir un complemento salarial para alcanzar el mínimo legal.
Carballo criticó que los presupuestos presentados por el Gobierno gallego no den respuesta a los problemas del personal para poder hacer frente al aumento imparable del coste de la vida y facilitar el acceso a la vivienda; y que el Gobierno del Estado no garantice unas bases retributivas «que impidan que sigamos perdiendo poder adquisitivo».
En este sentido, Carballo lamentó que CSIF, CCOO y UGT hayan firmado año tras año acuerdos retributivos insuficientes «que no garantizan la capacidad adquisitiva» y «dan por buena la pérdida continuada de nuestros salarios».
Para revertir esta realidad, las reivindicaciones más urgentes de la CIG-Administración pasan por el establecimiento de una cláusula de garantía salarial vinculada al IPC real y blindada por ley, que permita actualizar los salarios en función de la evolución del coste de la vida, y un plan plurianual para recuperar la deuda salarial acumulada.
Junto a esto, reclaman un plan público de vivienda en alquiler para el personal empleado público; medidas que faciliten el acceso a la vivienda en las zonas con los precios más elevados; complementos o mecanismos retributivos que tengan en cuenta el coste de la vivienda; así como la recuperación del poder adquisitivo y la mejora real de las condiciones laborales.
En materia de vivienda, Carballo recalcó que la Xunta de Galicia tiene competencias plenas y capacidad política para impulsar soluciones, por lo que le exigió «que deje de tratar el problema de la vivienda como si no tuviera nada que ver con las condiciones de vida de quienes trabajan para la Administración».
El secretario nacional de la CIG-Administración Pública señaló que este paquete de propuestas «responde a necesidades reales, porque detrás de cada nómina hay personas y familias que tienen que hacer frente a gastos cada vez más elevados, porque la vivienda no puede absorber una parte cada vez mayor de los salarios y porque unos servicios públicos fuertes necesitan personal valorado, con derechos y condiciones de trabajo dignas».
«La CIG seguirá defendiendo nuestros derechos, reclamando soluciones y movilizándonos hasta conseguir avances», aseguró Carballo, quien terminó su intervención haciendo un llamamiento a secundar la huelga general del próximo 11 de noviembre y salir a la calle para reivindicar medidas que garanticen una vida digna.