El PPdeG exige al Gobierno la cobertura urgente de las plazas médicas vacantes en los equipos que evalúan las bajas laborales
El Parlamento de Galicia acaba de aprobar una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en la que urge al Ejecutivo central a que cumpla con su responsabilidad y cubra, a la mayor brevedad posible, las plazas médicas vacantes de los Equipos de Valoración de Incapacidad (EVI) de las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Tras recordar que la “competencia es única y exclusivamente del Gobierno de España”, la diputada popular Encarna Amigo incidió en que “cubrir las plazas vacantes del INSS es permitir que miles de gallegos reciban la respuesta que están esperando”. En este punto, hizo referencia a que, desde 2019, se produjo un 25 % de reducción de estos profesionales. “En marzo de 2026 –añadió– había en Galicia 55 puestos de médicos evaluadores, pero solo 38 profesionales efectivos en su puesto de trabajo. Es decir, aproximadamente, un 31 % de las plazas estaban sin cubrir”.
En este sentido, Encarna Amigo destacó que la Xunta de Galicia está tomando medidas ante la evolución de las incapacidades temporales. Como muestra de ello, hizo referencia al plan específico que puso en marcha, en agosto de 2024, para mejorar la gestión y el control: se revisaron más de 143.000 procesos de incapacidad temporal y se realizaron más de 40.000 citaciones presenciales.
Recordó que el Gobierno gallego reforzó la dotación de recursos humanos de la inspección médica con la incorporación de 18 profesionales, distribuidos por las siete áreas sanitarias. Y, en esta misma línea, aprobó el Plan integral para la mejora de la prevención, el bienestar laboral y la reincorporación saludable al trabajo 2026-2029.
Para terminar, Encarna Amigo afeó la actitud de los grupos de la oposición: “Cuando le pedimos al Gobierno de España que cumpla con su responsabilidad, aparecen todas las excusas posibles y su ceguera permanente”.
Por otra parte, el Parlamento de Galicia aprobó demandar al Gobierno central más fondos para que el Gobierno gallego pueda llevar a cabo programas o iniciativas desarrolladas por entidades de iniciativa social para que las personas regularizadas en el proceso extraordinario puedan acceder a oportunidades laborales. “Pedimos más flexibilidad para que Galicia pueda destinar esos fondos a donde hacen falta y se atiendan las necesidades reales de las entidades”, dijo la diputada popular Noelia Pérez, quien continuó instando al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que deje de poner “impedimentos”.
Asimismo, señaló que la falta de planificación por parte del Gobierno central supone un riesgo real de colapso administrativo y un impacto elevado en los servicios públicos autonómicos. Por este motivo, consideró imprescindible que Galicia disponga de estos fondos finalistas para que dicho colectivo de personas pueda formarse y acceder con garantías al mercado laboral gallego: “La regularización debe continuar con formación, orientación y acceso a un puesto de trabajo”.
La diputada popular recordó que el real decreto nació mal desde el primer momento. Y denunció que la norma fuese aprobada sin el necesario consenso parlamentario, sin escuchar a las Comunidades autónomas, que son precisamente las que deben integrar a estas personas trabajadoras y asumir el impacto directo en los servicios públicos.