El PPdeG pide eliminar la cita previa obligatoria en la Seguridad Social y reforzar la atención presencial en el rural
El PPdeG reclamó este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que elimine la obligatoriedad de la cita previa en las oficinas de la Seguridad Social situadas en las zonas rurales y garantice una atención presencial directa y accesible para la ciudadanía, al considerar que esta exigencia está generando desigualdades entre territorios.
La diputada nacional Ana Vázquez y el senador Francisco José Fernández trasladaron esta petición en Celanova, acompañados por la secretaria de la gestora local del PP, Ana Antorrena, ante una de las oficinas de la Seguridad Social de la localidad en las que se mantiene la obligación de solicitar cita con anterioridad.
Los representantes populares criticaron que el Gobierno central continúe sin aplicar el mandato aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 28 de mayo. En esa fecha, la Cámara dio luz verde, con 186 votos a favor y 159 abstenciones, a una Proposición no de ley presentada por el Grupo Popular para que la cita previa deje de ser un requisito exclusivo para acceder a las oficinas de la Administración General del Estado.
“Han pasado más de dos meses desde que el Congreso ordenó al Gobierno central garantizar una atención presencial con o sin cita previa, pero nada ha cambiado”, señalaron. Como ejemplo, apuntaron que la página oficial de la Seguridad Social continúa informando de que en el centro comarcal del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Celanova la atención se realiza con “cita previa obligatoria”.
El PPdeG considera que esta situación tiene una especial incidencia en Ourense, debido al envejecimiento de la población, a la dispersión territorial y al peso del medio rural. “No se puede obligar a una persona mayor a realizar por internet los trámites para solicitar una pensión, una prestación de viudedad o una incapacidad. La Administración tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no convertirse en un laberinto que los deja desamparados”, afirmaron.
Ante la falta de respuesta que denuncian por parte del Ejecutivo, el Grupo Parlamentario Popular presentó una nueva Proposición no de ley centrada específicamente en la atención del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social.
La iniciativa propone eliminar el carácter obligatorio y generalizado de la cita previa y permitir que la ciudadanía pueda acudir directamente a las oficinas. La reserva previa se mantendría como una alternativa voluntaria para quienes prefieran fijar con antelación el día y la hora de la atención.
El PP propone también establecer un plazo máximo de diez días hábiles para conseguir cita en los trámites considerados esenciales. Entre ellos figuran las solicitudes de pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad, así como las prestaciones por nacimiento y cuidado de menores.
La propuesta incluye además la creación de canales de atención prioritaria para colectivos vulnerables, como las personas mayores de 65 años, las personas con discapacidad y los residentes en municipios rurales. En estos casos, según los populares, deberá asegurarse la atención presencial sin que sea necesario realizar previamente ningún trámite por vía telemática.
El documento reclama también cubrir de manera inmediata las vacantes existentes en las plantillas de la Seguridad Social y aprobar una oferta extraordinaria de empleo público para recuperar los niveles de atención anteriores a la pandemia.
Ana Vázquez se refirió también a las preguntas parlamentarias que formuló el pasado 28 de abril, junto con otros diputados del Grupo Popular, para conocer la situación de las prestaciones de la Seguridad Social en la provincia desde 2017.
En concreto, habían solicitado información sobre los tiempos medios de resolución de las diferentes prestaciones, los plazos para el reconocimiento del complemento por brecha de género o maternidad y el número de expedientes que permanecían pendientes de resolución.
Según explicó Vázquez, la respuesta recibida el 10 de junio no aportó los datos específicos solicitados para Ourense y se limitó a reproducir los plazos máximos establecidos legalmente: 90 días para las pensiones de jubilación, 135 para las prestaciones de incapacidad permanente, 90 para las de viudedad y supervivencia, 30 para incapacidad temporal y maternidad y seis meses para el ingreso mínimo vital.
“El Gobierno no respondió a una sola de las preguntas formuladas ni explicó cuántos ourensanos están esperando por la resolución de sus expedientes. Esa opacidad confirma su falta de interés por solucionar un problema que afecta directamente a pensionistas, familias, autónomos y trabajadores”, criticó la diputada.
Por su parte, Francisco José Fernández defendió la necesidad de reforzar las plantillas de la Seguridad Social para conseguir una atención pública más ágil y eficaz. Ana Antorrena incidió en las dificultades que la cita previa está provocando entre los vecinos de Celanova y de su entorno, especialmente entre las personas mayores y las residentes en los municipios rurales de la comarca.
Los representantes del PPdeG insistieron finalmente en que la digitalización debe facilitar la relación con la Administración y no convertirse en una barrera para las personas que no disponen de los medios o de los conocimientos necesarios para realizar trámites por internet.
“La cita previa puede seguir existiendo como instrumento voluntario de organización, pero no puede ser una puerta cerrada. Los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos y el Gobierno tiene la obligación de poner los medios humanos y materiales necesarios para hacerlo posible”, concluyeron.