El PSdeG acusa a la Xunta de tener "un modelo improvisado e impuesto" sobre la instalación de plantas de biogás
La portavoz socialista de energía e industria en el Parlamento gallego, Patricia Iglesias, le reclamó hoy a la Xunta una planificación y una normativa específicas para la construcción de plantas de biogás en Galicia, con el fin de garantizar, entre otros aspectos, las distancias mínimas respecto de viviendas, la correcta evaluación del impacto ambiental y la habilitación de mecanismos de participación ciudadana para dar voz a las personas afectadas por ese tipo de instalaciones.
Durante su defensa de una iniciativa parlamentaria en ese sentido, Iglesias cargó contra el actual “modelo improvisado, desordenado e impuesto” que el PP defiende y demandó una planificación “justa y racional”. Citó, además, algunos de los ejemplos “de desorden y despropósito”, como los proyectos de Maroñas (Mazaricos), de Abadín, de Coeses (Lugo), de Curtis y de Soandres (A Laracha).
Sobre esta última, “el ejemplo más sangrante del descontrol”, recordó que prevé el tratamiento de 73.000 toneladas de residuos al año, incluyendo lodos de depuradora, “a escasos metros de viviendas, afectando al río Anllóns y destruyendo el proyecto vital de los vecinos”.
La parlamentaria socialista criticó, en este caso concreto, “la descomunal hipocresía del PP”, con un alcalde que votó contra la planta “porque tiene la presión vecinal encima” mientras el PP de Bergantiños se opone a la regulación y a la suspensión cautelar de las licencias. “Votan una cosa en un ayuntamiento y la contraria en el de al lado, y otra distinta cuando llegan a Santiago. Tienen la cara de decirles a los vecinos que los apoyan mientras les ponen la alfombra roja a las empresas promotoras”, subrayó.
Patricia Iglesias se preguntó si el PP conocía desde 2022 los planes para Soandres “y quiso ocultárselo a los vecinos” e invitó al BNG a “estar unidos para hacer fuerza” en vez de “confundir y politizar”. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de A Laracha, Inés Ramos, siguió desde el Parlamento el debate de la iniciativa en comisión.
Iglesias puso como ejemplo de lo que debería hacer el Gobierno gallego la regulación que está impulsando Castilla-La Mancha, a través de un decreto autonómico que establece criterios de distancia mínimos estrictos a núcleos de población, autonomía municipal “con derecho de veto real para que los ayuntamientos decidan su modelo de ordenación” y marcos homogéneos que garantizan la seguridad jurídica “sin destruir el rural”.