El PSdeG denuncia que las familias que eligieron campamentos públicos quedan fuera del Bono Concilia de la Xunta
Las familias gallegas que este verano llevaron a sus hijos a campamentos organizados por las administraciones públicas no podrán acceder al Bono Concilia Familia de la Xunta. Así lo denuncia la diputada socialista Silvia Longueira, que critica que la nueva convocatoria excluya los campamentos públicos, incluidos los promovidos por la propia Administración autonómica.
La orden publicada en el Diario Oficial de Galicia establece que las ayudas solo cubrirán gastos derivados de campamentos organizados por entidades privadas. Según el PSdeG, esta decisión deja fuera a familias que recurrieron a las opciones públicas por disponibilidad, precio o falta de alternativas.
La exclusión afecta también a la Campaña de Verano 2026 de la Xunta, que contó con 11.932 plazas y una inversión de 5,5 millones de euros. Las familias que utilizaron estas plazas no podrán solicitar el bono.
Otro de los aspectos cuestionados es el momento en el que se publicó la convocatoria. La orden apareció el 1 de septiembre, cuando la temporada de campamentos ya había terminado, aunque permite solicitar ayudas por gastos realizados desde el 1 de enero. El PSdeG señala que muchas familias reservaron y pagaron las plazas durante la primavera y el verano sin conocer esta limitación.
La convocatoria cuenta con un presupuesto de 2.663.867 euros y establece que las solicitudes serán atendidas por orden de presentación de la documentación completa, hasta que se agote el crédito disponible. El plazo abrirá el 9 de septiembre a las 9.00 horas.
Longueira también cuestiona que no se establezca ningún baremo económico o social para determinar el acceso a las ayudas. Según la parlamentaria, el sistema puede provocar que una familia con menos recursos se quede sin subvención mientras otra con mayor capacidad económica la reciba simplemente por presentar antes la solicitud.
Ante esta situación, la diputada socialista ha registrado varias iniciativas en el Parlamento de Galicia. Entre sus propuestas figura modificar el sistema de acceso para tener en cuenta la situación económica y social de las familias y de los menores, así como crear una línea específica para aquellos hogares que queden excluidos de la convocatoria pero cumplan criterios de vulnerabilidad.