El PSdeG, en contra de la reactivación de varios polémicos proyectos mineros
La portavoz de Industria y Energía del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, criticó que la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciase en el último pleno la reactivación de megaproyectos mineros que fueron rechazados en su día por la propia Xunta. Según trasladó la conselleira, en las próximas semanas se publicará en el Diario Oficial de Galicia una orden de concurso de derechos mineros caducados que abre la puerta a proyectos como la mina de oro de Corcoesto, la mina de wolframio de Varilongo, en Santa Comba y Coristanco, o el proyecto de San Finx, que afecta a la ría de Muros-Noia.
Iglesias quiso dejar claro que el PSdeG no está en contra de la minería. “La minería estratégica es necesaria, así lo reconoce el Reglamento europeo de materias primas críticas, y Galicia debe contar con una minería sostenible y verde porque es una pieza clave para la autonomía estratégica de Europa, para la transición energética, para el almacenamiento de energía y para la lucha contra el cambio climático”, explicó la portavoz socialista, que enmarcó esta posición en el Pacto Verde Europeo.
Lo que rechaza el socialismo gallego, advirtió, es la falta absoluta de planificación con la que opera la Xunta. Iglesias destacó que existe un eje común entre los proyectos de renovables, las plantas de biogás y los megaproyectos mineros: la ausencia de ordenación previa del territorio. “Es una condición previa para poder tramitar después proyectos que tienen un impacto enorme en el territorio y en la vida de la gente, y la Xunta se saltó ese paso”, denunció.
La portavoz recordó además que el propio gobierno gallego modificó la Ley del suelo para permitir que estos proyectos se instalen en suelo rústico, y aceleró los trámites con la figura de los proyectos industriales estratégicos y de interés autonómico, “vaciando de capacidad de decisión a los ayuntamientos afectados”. “Eso es ponerles la alfombra roja a los promotores de megaproyectos que cambian para siempre el territorio”, resumió.
Iglesias recordó que la Ley 3/2008 de ordenación de la minería de Galicia, pionera en su día, obliga a aprobar un Plan sectorial de actividades extractivas como máximo instrumento de planificación de la política minera. Diecisiete años después, el PP sigue sin cumplir esa obligación legal. “No tenemos plan sectorial minero. El gobierno gallego está incumpliendo su propia ley, y eso es muy grave”, denunció.
Sobre los proyectos concretos, la portavoz socialista mostró su preocupación por la reactivación de la mina de oro de Corcoesto, rechazada por la Xunta en el año 2013 por falta de solvencia técnica y económica del promotor. “Estamos hablando de una explotación a cielo abierto que requiere el uso de cianuro para extraer el oro y que necesita grandes balsas para los pasivos mineros, todo eso en una zona muy próxima al río Anllóns, con una ZEPA, espacios protegidos y muy cerca de la Red Natura”, advirtió. Las mismas dudas extendió a las minas de Varilongo, con contaminación previa documentada en los embalses de la zona, San Finx y Touro-O Pino.
Iglesias resumió la posición socialista en un marco de tres patas: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y técnica, y sostenibilidad social. “Nosotros no somos como el PP, que piensa que todo vale y que se puede vender todo. Pero tampoco somos de los que dicen que aquí no se puede poner nada. Lo que pedimos es planificación, rigor y equilibrio, y que las decisiones se tomen de abajo arriba, contando con el territorio, con el vecindario y con los ayuntamientos afectados”, afirmó. La portavoz tampoco se conforma con que parte del beneficio de estas empresas, “que cotizan en bolsa y son muy potentes”, repercuta en el territorio. “Nuestro territorio no se debería vender”, sentenció.
Para canalizar esta respuesta, Iglesias anunció que el PSdeG acaba de constituir un grupo de trabajo que se reunirá de manera periódica para fijar la posición del partido frente a estos anuncios. La primera reunión se celebrará el lunes y contará con alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos afectados, portavoces de la oposición y responsables socialistas de medio ambiente e industria. “Queremos ser propositivos, aportar propuestas en positivo, estar muy vigilantes y fiscalizar desde el minuto uno la actuación del gobierno gallego cuando esa orden se publique en el DOG”, concluyó.