El PSdeG exige a la Xunta garantías sobre los megaproyectos mineros
El grupo de trabajo del PSdeG sobre minería, presidido por la diputada y portavoz de Industria del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, se reunió por primera vez para coordinar la respuesta del partido al anuncio de la Xunta de reactivar megaproyectos mineros que fueron rechazados en su día por el propio gobierno gallego. A la reunión acudieron representantes del PSdeG en los ayuntamientos afectados y los responsables del partido en las áreas de Industria y Minas y de Medio Ambiente.
El objetivo del encuentro era claro: juntarse, debatir y salir con una posición común y con propuestas concretas ante un anuncio que va a tener mucha repercusión en los territorios afectados. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, avanzó en el Parlamento que la Xunta sacará a concurso derechos mineros caducados que abren la puerta a la mina de oro de Corcoesto, a la mina de wolframio de Varilongo, en Santa Comba, y al proyecto de San Finx, en Lousame, que afecta directamente a la ría de Muros y Noia.
Iglesias quiso dejar claro desde el primer momento que el PSdeG no está en contra de la actividad. “Decimos sí a una minería verde y sostenible, porque es lo que marcan España y Europa para ganar autonomía estratégica en un contexto geopolítico muy complicado, y también porque es una pieza clave en la lucha contra el cambio climático: sin litio no hay baterías para los coches eléctricos ni almacenamiento de energía”, señaló la diputada socialista.
“Ahora bien, una cosa es eso y otra muy distinta es decir sí a cualquier megaproyecto que llame a la puerta”, advirtió. “Hay que analizar proyecto a proyecto. No podemos aceptar todo lo que tenga un gran impacto en el territorio o que esté cuestionado desde el punto de vista ambiental, por el uso del agua, por afectar a ecosistemas protegidos o a la Red Natura. En Corcoesto hablamos de una mina de oro a cielo abierto que se rechazó en 2013 y en la que la extracción se hace con cianuro. No es lo mismo una cosa que la otra”.
Para los socialistas, el problema de fondo es la ausencia total de planificación con la que opera el gobierno gallego. Por eso el grupo de trabajo acordó trasladar a la Xunta cinco exigencias:
La aprobación inmediata del plan sectorial minero de Galicia, obligatorio desde la Ley 3/2008 de ordenación de la minería y que, diecisiete años después, sigue sin existir.
Que, con carácter previo a cualquier nuevo concurso o licitación de derechos mineros, se elabore y ejecute un plan integral de restauración ambiental y seguimiento de los pasivos mineros existentes, con el control de los drenajes, de las balsas, de las galerías y de las afecciones sobre los cursos de agua del entorno, conforme a la normativa ambiental y minera vigente.
Que no se promueva ninguna nueva actividad extractiva sin una evaluación ambiental rigurosa y actualizada, con garantías financieras suficientes por parte de las empresas interesadas y con la acreditación previa de que no existen riesgos significativos para los recursos hídricos, los ecosistemas y la salud pública.
Mecanismos efectivos de participación pública y de coordinación institucional con los ayuntamientos afectados y con el vecindario antes de la tramitación de nuevos derechos mineros, con procesos transparentes de acceso a la información ambiental y técnica y con la evaluación de la compatibilidad territorial y social de las actuaciones previstas.
Que sean las empresas responsables o sus sucesoras, y no los fondos públicos, las que asuman los costes de la restauración ambiental, de las medidas de seguridad y del tratamiento de las afecciones existentes, evitando que esa factura recaiga sobre todos, como ya sucedió en la mina de Monte Neme.
Iglesias hizo especial hincapié en que “no puede volver a pasar lo de siempre: que la empresa haga negocio y que, cuando hay un problema, el entorno y el dinero de todos paguen la cuenta. En Monte Neme la administración tuvo que asumir una restauración que costó más de un millón de euros. Eso es exactamente lo que no queremos que se repita”, afirmó.
La portavoz socialista resumió la posición del partido en un marco de equilibrio. “No somos como el PP, que piensa que todo vale y que se puede vender todo. Pero tampoco somos los de que aquí no se puede poner nada. Lo que pedimos es planificación, rigor y que las decisiones se tomen contando con el territorio, con el vecindario y con los ayuntamientos afectados”, subrayó.
El grupo de trabajo seguirá reuniéndose de manera periódica para hacer seguimiento de la tramitación de los concursos y mantener la coordinación con los ayuntamientos y con la oposición municipal en los territorios afectados.