El PSdeG exige a la Xunta que rechace de forma definitiva el proyecto de Altri
La portavoz de Industria del Grupo Socialista, Patricia Iglesias, advirtió de que el “corazón verde” de Galicia está “en peligro” por la “ambigüedad política y administrativa” que, a su juicio, mantiene la Xunta respecto al proyecto de la macrocelulosa de Altri. La representante socialista anunció la presentación de una batería de iniciativas parlamentarias para reclamar al Gobierno gallego que dicte de manera inmediata una “resolución definitiva denegatoria” de la pastera.
Iglesias reaccionó así después de que la empresa anunciase la presentación de alegaciones contra el archivo del proyecto. Según señaló, este movimiento evidencia la intención de la multinacional de mantener abierta de forma indefinida la tramitación de una iniciativa que considera “inviable”, al tiempo que acusó a la Xunta de evitar adoptar una decisión definitiva sobre el fondo de la cuestión.
La portavoz socialista reclamó al Ejecutivo autonómico medidas “efectivas” para disipar cualquier sospecha de acuerdos con la empresa. En este sentido, aseguró que existen “dudas fundadas” por la negativa del Gobierno gallego a adoptar decisiones contrarias a la compañía, por la falta de transparencia en torno al acuerdo firmado con la pastera y por la retirada de la protección ambiental de la zona afectada.
También lamentó que los hechos confirmen las advertencias realizadas anteriormente por el PSdeG, al considerar que el archivo del procedimiento no resuelve el problema de fondo ni impide que el proyecto pueda reformularse y volver a tramitarse en el futuro. Por ello, insistió en que Galicia necesita una decisión “firme y definitiva” y no una “paralización provisional”.
Iglesias sostuvo que la inviabilidad del proyecto no depende únicamente de la conexión eléctrica, sino también del impacto ambiental sobre la cuenca del Ulla, del elevado consumo de agua, de las emisiones contaminantes, de la afección al modelo agrario y forestal, así como de su falta de encaje con la transición ecológica y del fuerte rechazo social existente.
Además, advirtió del riesgo de que la “actuación errática” de la Xunta pueda derivar en una eventual reclamación de responsabilidad patrimonial con cargo a los recursos públicos gallegos. La responsable socialista afirmó que Galicia “no puede permitir ni opacidad ni retrocesos en la protección ambiental” para favorecer proyectos industriales que, según dijo, no acreditan el cumplimiento del principio de no causar un daño significativo al medio ambiente.
Entre las demandas formuladas por el Grupo Socialista se incluye la denegación inmediata de la Autorización Ambiental Integrada, de la concesión del aprovechamiento de aguas y de cualquier otro permiso o autorización sectorial vinculada al proyecto.
También reclamó que se haga público el memorando suscrito entre la empresa y el entonces conselleiro de Industria en su condición de presidente de la Sociedade Impulsa Galicia, además de pedir garantías de que la Xunta no asumirá con fondos públicos ninguna indemnización o responsabilidad patrimonial derivada de una eventual denegación del proyecto.
Finalmente, Iglesias solicitó la renuncia expresa a la aplicación de los mecanismos de responsabilidad patrimonial previstos en la Ley de Política Industrial de Galicia en relación con esta iniciativa industrial.