El PSdeG lleva al Pleno de la Diputación un Pacto Gallego Antitransfuguismo
El Grupo Provincial Socialista defenderá en el próximo Pleno de la Diputación de Lugo, que se celebrará el martes, una moción para impulsar un Pacto Gallego Antitransfuguismo y promover una ley gallega que blinde las instituciones frente al uso de tránsfugas para alterar mayorías democráticas.
La iniciativa se presenta tras la moción de censura promovida por Elena Candia en el Ayuntamiento de Lugo, que salió adelante con el voto de una concejala tránsfuga elegida en las listas del PSdeG en las elecciones municipales de mayo de 2023. Para las y los socialistas, esta operación puso fin a veintisiete años de gobiernos progresistas en la ciudad “de la peor manera posible” y abrió un precedente “muy grave” para la democracia local.
La portavoz provincial socialista, Pilar García Porto, subrayó que “la moción de censura es un instrumento legal y legítimo de nuestro ordenamiento democrático”, pero advirtió de que “su uso no puede ampararse en la mera literalidad de la norma cuando contradice de frente su espíritu”.
“Lo ocurrido en Lugo no solo alteró un gobierno concreto, sino que debilitó la confianza de la ciudadanía en el propio sistema democrático”, remarcó García Porto, quien defendió la necesidad de “cerrar la puerta abierta” tras la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2025, con reformas legales y con la aplicación efectiva de los compromisos políticos ya existentes.
La moción reclama abrir un proceso de diálogo institucional, con la participación de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, para negociar y firmar un Pacto Gallego Antitransfuguismo que refuerce la estabilidad institucional, la lealtad democrática y el respeto a la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.
El PSdeG propone que ese pacto impida que el transfuguismo pueda alterar mayorías democráticas, facilitar mociones de censura basadas en la deslealtad o generar beneficios políticos, institucionales, económicos o de representación para quien incurra en esta práctica. Además, reclama que estos principios se desarrollen en una ley gallega con mecanismos de prevención, control y respuesta frente a las conductas tránsfugas en las instituciones gallegas y en la administración local.
La iniciativa también insta al Partido Popular a cumplir sus propios estatutos, aprobados en julio de 2025 en el XXI Congreso Nacional, que consideran infracción muy grave valerse de tránsfugas para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas. En ese sentido, el Grupo Provincial Socialista reclama que se incoe expediente disciplinario a las personas responsables de la operación política de Lugo, comenzando por Elena Candia.
Del mismo modo, la moción rechaza el anuncio de Alfonso Rueda de promover una modificación de los estatutos del PP para eliminar o debilitar esa infracción. “El PP no incumplió un código ajeno, incumplió su propio código. Y ahora pretende reformar no su conducta, sino el reglamento que lo señala”, advierten las y los socialistas.
El texto incluye también la condena expresa de la Diputación de Lugo a toda práctica de transfuguismo político y a cualquier operación dirigida a alterar, al margen del voto ciudadano, las mayorías democráticamente constituidas en las corporaciones locales y en las instituciones. Además, propone trasladar el respaldo institucional de la Diputación a la ciudadanía lucense que se movilizó pacíficamente en la Praza Maior en defensa de la voluntad expresada en las urnas en mayo de 2023.
García Porto defiende que “Lugo no puede convertirse en un ensayo para recuperar, a toda costa, el poder local que la ciudadanía negó democráticamente en las urnas”. Por eso, afirma, “esta Diputación debe situarse con claridad al lado de la lealtad democrática, de la voluntad popular y de los ayuntamientos que merecen instituciones limpias, estables y respetuosas con el mandato de la vecindad”.
“El PP abrió en Lugo una vía peligrosa: la de convertir la deslealtad política en un atajo para llegar al poder”, advirtió la portavoz socialista. “Desde esta Diputación vamos a defender con firmeza que ningún ayuntamiento, ningún gobierno y ninguna mayoría democrática pueda ser alterada por la compra política de una voluntad individual”, concluyó.