El PSOE pide a la Xunta un informe externo sobre las actuaciones en materia forestal durante los incendios del verano
La diputada Carmen Rodríguez Dacosta llevó al pleno del Parlamento la exigencia formal de un estudio independiente sobre los incendios del verano de 2025, los de mayor dimensión desde que existen registros en Galicia. La moción que defendió la portavoz socialista de Política Forestal reclama un informe con un plazo concreto, un mes, firmado por técnicos ajenos a la Consellería de Medio Rural, y con conclusiones útiles para reforzar un sistema de prevención y extinción que, según el PSdeG, ha llegado a su límite.
“No estamos pidiendo una conclusión escrita de antemano. Estamos pidiendo exactamente lo contrario. Un estudio riguroso, independiente y técnico sobre los incendios más graves que ha vivido Galicia desde que existen registros”.
La insistencia de la socialista en que la auditoría sea independiente responde a la realidad: la Xunta nunca presentó un informe técnico público que explique qué falló en el verano de 2025, “por qué ardieron 120.000 hectáreas según las cifras oficiales (cerca de 170.000 según el programa europeo Copernicus) y por qué parroquias incluidas por la propia Xunta como zonas de Alta Actividad Incendiaria, bajo vigilancia especial y medidas extraordinarias, acabaron siendo el punto de inicio de algunos de los mayores incendios de la historia reciente”.
A esto se suman otros indicios que, para el Grupo Socialista, hacen inviable que el análisis lo realice la propia Administración auditada. El Consello de la Xunta cesó en silencio, en diciembre de 2025, al secretario general de la Consellería y a los directores de Defensa del Monte y de Planificación y Ordenación Forestal: salieron sin comparecencia, sin explicación pública, sin rendición de cuentas.
En el caso de Oímbra hay una investigación judicial abierta por posibles fallos de coordinación administrativa en trabajos de desbroce contratados por administraciones públicas. Y el dictamen parlamentario aprobado en julio de 2018 tras la oleada de incendios de 2017, firmado por tres cuartas partes de la Cámara, contenía 123 recomendaciones sobre prevención, extinción y ordenación forestal de las que la mayoría sigue sin aplicarse, sin que nadie audite por qué. “Pedirle a la Xunta que se autoevalúe es lo que se ha venido haciendo todos estos años. Y así nos ha ido”, resumió la diputada.
Dacosta recordó que el propio director general de Defensa del Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, reconoció hace semanas que Galicia se enfrenta a “escenarios completamente nuevos” en materia de incendios. Para el PSdeG, esa frase no admite otra lectura: “Los expertos llevan años advirtiendo de la llegada de incendios de quinta y sexta generación, fuera de toda capacidad de extinción, pero la Xunta siguió apostando exclusivamente por la reacción. Y llegan siempre tarde”, afirmó la diputada.
Dacosta subrayó que un voto en contra de la moción será “muy difícil de explicar” ante el país. “¿Cómo se le explica a la gente de Valdeorras, de A Limia, de Monterrei, de Viana, de O Bolo, de A Veiga, de Larouco o de Oímbra que el Parlamento de Galicia no quiere analizar con rigor lo que pasó? Galicia merece saber qué ocurrió”, sentenció.
Dacosta cuestionó también que el Pladiga 2026 llegase con siete meses de retraso sobre el plazo legal, presentado en el Consello Forestal el pasado 27 de marzo sin que la conselleira pidiera siquiera comparecer para explicarlo en el Parlamento. “La prevención no se hace en julio ni en agosto, cuando se contratan las brigadas. Se hace en invierno, cuando aún se está a tiempo de reducir la carga de combustible. Y eso no está pasando”.
La portavoz socialista apuntó también al convenio con la empresa pública Seaga para la gestión de las franjas secundarias, rechazado por la Fegamp y asumido por muchos ayuntamientos bajo presión. El problema de fondo, dijo, no es el convenio que viene, sino la ejecución del que ya estaba comprometido. Las franjas pactadas en la campaña anterior quedaron sin limpiar. Algunos trabajos fueron contratados, incluso pagados, y después no se ejecutaron. Y los propietarios de las parroquias priorizadas, a estas alturas de mayo, aún no saben cuándo se va a actuar en sus parcelas. “No saben cuándo, no saben cómo, no saben si se va a hacer. Y el 31 de mayo está ahí. El verano también”.
La socialista incidió también en la brecha entre lo que se anuncia y lo que se ejecuta. Dentro del programa 551B de acciones preventivas e infraestructura forestal, según los datos oficiales facilitados por el propio Gobierno gallego, quedaron sin ejecutar alrededor de 191 millones de euros entre 2009 y 2025. “Cada euro que no se ejecuta es más combustible acumulado, más abandono, más riesgo”.
La moción articula, además del estudio independiente, cuatro compromisos más: un nuevo modelo integral de prevención basado en un enfoque territorializado y anticipatorio, con ejecución de las actuaciones antes de la época de alto riesgo y seguimiento semestral ante el Parlamento; una revisión del diseño de las órdenes de ayuda en materia forestal, para corregir publicaciones tardías, condiciones inaccesibles e infrautilización de fondos; un plan extraordinario para los distritos forestales que llevan años acumulando déficits de ejecución, con identificación y priorización claras de los territorios más abandonados; y un informe detallado de las obras de prevención previstas desde 2020, programadas y no ejecutadas, desglosado por distritos forestales y ayuntamientos, con sus causas.
La intervención abordó también el dinero que el Estado está invirtiendo, 9,5 millones de euros, en obras urgentes en Larouco, Oímbra o A Mezquita, mientras la Xunta sigue sin explicar qué parte va a asumir ni en qué territorios va a actuar más allá de los montes conveniados o de gestión directa.