El TSXG admite las críticas de la CIG a la falta de control público sobre Impulsa Galicia, pero no el recurso

La sentencia reconoce las advertencias del Consejo de Cuentas sobre la falta de fiscalización de la sociedad que promovió el proyecto de Altri y no impone costas al sindicato
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19 Nov 2026

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) acaba de dictar una sentencia en la que inadmite el recurso presentado por la CIG contra la resolución de la Comisión de Transparencia por la falta de acceso a la información sobre la sociedad Impulsa Galicia, promotora del proyecto de Altri. Sin embargo, la resolución judicial reconoce el fundamento de algunos de los argumentos del sindicato y, por este motivo, no le impone las costas del procedimiento.

Según destaca la CIG, el tribunal recoge entre los fundamentos de derecho que «pueden compartirse con carácter general las conclusiones del Consejo de Cuentas», organismo que había advertido de la falta de fiscalización de Impulsa Galicia. Para el sindicato nacionalista, este reconocimiento evidencia que la Xunta diseñó la estructura de la sociedad para evitar su control público.

La resolución vuelve a poner el foco en el modelo elegido por el Gobierno gallego para impulsar el proyecto de la macroc elulosa de Altri en Palas de Rei. La Xunta promovió la creación de una sociedad público-privada en la que participaban la propia Administración autonómica, Abanca, Reganosa y Sogama, pero con una composición que, según denuncia la CIG, permitía eludir las obligaciones de transparencia y fiscalización aplicables a las sociedades mercantiles públicas.

La propia sentencia explica que la Xunta no alcanzaba la mayoría de los derechos de voto que exige el artículo 102 de la LOFAXGA, aunque su posición dentro de Impulsa Galicia estaba «muy próxima» a ese umbral, al contar con el 50 % del capital. Para el sindicato, bastaría con que la Administración gallega tuviese el 50,1 % para que la entidad quedase sometida a los criterios de transparencia y buen gobierno.

El origen del procedimiento está en la negativa de Impulsa Galicia a facilitar documentación sobre la denominada «iniciativa tractora» para transformar madera en fibra textil y sobre la elección de Altri como «investigador y tecnólogo» del proyecto. Ante la falta de respuesta a su solicitud de información, la CIG presentó una reclamación ante la Comisión de Transparencia de Galicia. Tras su inadmisión por parte de este órgano, el sindicato acudió a la vía contencioso-administrativa, que ahora resuelve el TSXG.

La CIG recuerda también que, en agosto de 2025, apenas tres meses después de solicitar el acceso a la documentación sobre el proyecto, la Xunta anunció la disolución de Impulsa Galicia. El sindicato considera relevante esta decisión, teniendo en cuenta la dimensión de una iniciativa que generó una amplia oposición social y un intenso debate sobre su impacto en el territorio.

El secretario general de la CIG, Paulo Carril, califica lo sucedido como «una maniobra del Gobierno de Rueda para eliminar las pruebas de un proyecto tan terrorista ambiental y socialmente como el de Altri».

Carril también sitúa la resolución en un contexto que considera preocupante por los cambios organizativos y de composición registrados en el TSXG, que, a su juicio, ponen en cuestión la imparcialidad de los tribunales a la hora de resolver sobre proyectos de estas características. La CIG asegura que ya denunció estas modificaciones junto con otras organizaciones y plataformas.

El sindicato apunta, en concreto, a un incidente producido durante la tramitación de este procedimiento: el cambio de magistrados en abril, cuando el litigio se encontraba en su fase final y entre los integrantes del tribunal figuraba Luís Villares. A esto añade los cambios en la composición de las secciones, los traslados de asuntos entre ellas y la creación de una sección especial de refuerzo, una medida que, según señala, también fue cuestionada por jueces y magistrados.

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