El TSXG avala la reorganización del servicio de emergencias impulsada por el Ayuntamiento de Cervo
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) dio la razón al Ayuntamiento de Cervo en el procedimiento judicial relacionado con la reorganización del servicio de emergencias, al concluir que la Administración local actuó conforme a la legalidad al modificar las condiciones de trabajo derivadas de la finalización del convenio que sustentaba el funcionamiento del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES).
La resolución judicial considera acreditada la existencia de una causa organizativa suficiente para justificar los cambios aplicados por el Ayuntamiento y avala las decisiones adoptadas por el gobierno municipal ante la nueva situación generada tras la finalización del acuerdo que regulaba el servicio.
El fallo también rechaza de manera expresa las acusaciones relativas a una supuesta vulneración de derechos fundamentales. En este sentido, el tribunal descarta que existieran represalias contra los trabajadores afectados o contra la actividad sindical desarrollada por la CNT, concluyendo que las medidas respondieron únicamente a criterios organizativos objetivos y debidamente fundamentados.
Otro de los aspectos analizados por la sentencia hace referencia al proceso de negociación previo a la adopción de las medidas. El TSXG entiende que existió un auténtico período de consultas entre las partes, con intercambio de propuestas y respuestas argumentadas, por lo que no aprecia mala fe negociadora por parte de la Administración local. Además, desestima las alegaciones relacionadas con la libertad sindical al considerar que el procedimiento seguido respetó en todo momento la normativa vigente.
Tras conocerse el contenido de la resolución, la alcaldesa de Cervo, Dolores García Caramés, mostró su satisfacción por el pronunciamiento judicial. La regidora aseguró que la sentencia ratifica la posición defendida por el Ayuntamiento desde el inicio de este proceso y sostuvo que la actuación municipal estuvo guiada por la responsabilidad, la transparencia y el cumplimiento de la legalidad.
García Caramés señaló que la prioridad del gobierno local fue garantizar tanto la seguridad de los profesionales como la continuidad de un servicio considerado esencial para la ciudadanía. Además, incidió en que las decisiones adoptadas respondieron a necesidades organizativas reales y no a otras interpretaciones que, según indicó, se trasladaron al debate público.
La alcaldesa recordó también que el Ayuntamiento trasladó a la Diputación de Lugo la necesidad de buscar soluciones que permitiesen evitar la adopción de estas medidas. Según explicó, ante la falta de respuesta por parte de la administración provincial, el ejecutivo local optó por tomar decisiones que ahora, según destacó, cuentan con el respaldo de la justicia.
Desde el Ayuntamiento consideran que esta resolución refuerza la postura mantenida durante todo el proceso y confirma la validez de las actuaciones desarrolladas para asegurar la prestación de un servicio de emergencias en el municipio.