El veto temporal a las visitas en la playa de las Catedrales a mediados de julio desata la indignación del sector turístico mariñano
Una inesperada restricción en el acceso a uno de los monumentos naturales más concurridos de Galicia ha provocado un profundo malestar en el tejido empresarial de A Mariña. La Asociación de Comerciantes, Industriais, Servizos e Autónomos de Ribadeo (Acisa) ha exigido explicaciones inmediatas a la administración autonómica tras conocer que la playa de las Catedrales permanecerá cerrada al público entre el 14 y el 17 de julio, coincidiendo con un momento de máxima afluencia de visitantes.
La controversia comenzó cuando varios hoteles y negocios de hospedaje de la localidad recibieron una notificación oficial en la que se les instaba a interrumpir la gestión de autorizaciones para sus clientes durante esas jornadas concretas. Paralelamente, empresas vinculadas a los servicios del arenal recibieron una circular de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural que justificaba la medida por 'razones de gestión del espacio' con el fin de asegurar su conservación, sin aportar más detalles sobre las actividades que se van a desarrollar. Esta parálisis temporal se une a las restricciones que ya estaban programadas para los días 12 y 13 de agosto debido a los controles de seguridad vinculados al eclipse solar.
A pesar de la versión genérica ofrecida por la administración, la gerencia del colectivo empresarial señala que las informaciones que manejan apuntan a que el bloqueo del arenal se debe a la grabación de un proyecto publicitario de gran magnitud. Desde Acisa consideran inaceptable que se clausure un espacio público de estas características en plena campaña estival, cuando muchas familias han planificado y contratado sus vacaciones en Ribadeo con meses de antelación. La patronal advierte de que esta situación podría provocar una ola de cancelaciones de reservas y generar pérdidas económicas de consideración en un monumento que, según apuntan, ya no requiere de más promoción.
Según los cálculos realizados por la asociación, la prohibición de entrada impedirá el acceso a más de 16.000 personas durante los cuatro días que dura la medida. Por este motivo, los representantes del comercio y la hostelería locales han instado a las autoridades competentes a reconsiderar la decisión y a buscar fechas alternativas fuera de la temporada alta, como los meses de mayo, junio, septiembre u octubre, para no perjudicar a la economía local.