Exigen la dimisión de la gerencia del Consorcio de Igualdad y Bienestar por los “atropellos” a la plantilla
El sector de Autonómica de la CIG-Administración tiene documentada y denunciada públicamente una larga lista de deficiencias e irregularidades que justifican la petición de dimisión de la gerencia del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, encabezada por Perfecto Rodríguez, y demanda que la Dirección General de Empleo Público intervenga el ente para detener los “atropellos” a la plantilla que ya es funcionaria de la Xunta de Galicia. Sin embargo, en la reciente Mesa General, la Dirección General volvió a evidenciar su falta de transparencia y su inacción a la hora de dar una respuesta a la crisis que atraviesa el Consorcio y de aportar soluciones a los múltiples procesos selectivos pendientes.
Desde la central sindical recuerdan que el “historial de irregularidades” en el Consorcio afecta a más de 1.700 personas, mientras se acumulan graves negligencias en la gestión, como el caos informático y los retrasos en los ceses. Así, la reciente incorporación de la escala de facultativos dejó varios centros sin acceso a los sistemas informáticos —incluso a las direcciones—, impidiendo la gestión ordinaria de los servicios. A esto se suman los retrasos en las bajas en la Seguridad Social del personal que no se estabilizó, dificultando su reincorporación a las listas de llamamientos. “Esto repite el caos ya vivido tras la estabilización del personal interino y sustituto de las escuelas infantiles”.
En consecuencia, la CIG ha solicitado oficialmente una auditoría del Consorcio. Sin embargo, la Dirección General insiste en “demoras, opacidad y muchas promesas, pero sin hacer público ningún calendario”. Además de esta inacción en el Consorcio, en la última Mesa General con la directora general de Función Pública se constató que la Administración acumula procesos sin resolver y decisiones unilaterales que perjudican al personal. “En pleno plazo de elección de destinos se retiran plazas sin aclaraciones suficientes, por lo que la CIG reclama garantías para que las personas aspirantes no resulten perjudicadas por estos cambios imprevistos”.