Un incendio, un informe que cuestiona las obras posteriores y un proyecto de parador: el año que ha marcado a la Casa de Baños de Ourense
Hay edificios que resumen la historia de una ciudad mejor que cualquier libro. En Ourense, ese papel lo cumplía la antigua Casa de Baños de Outeiro, junto a las termas de As Burgas. En apenas cuatro meses, el inmueble ha pasado por un incendio, unas obras que la Xunta considera no autorizadas, un cruce de reproches entre administraciones, denuncias ante la Fiscalía y, como colofón, un proyecto para convertirlo en un establecimiento de la red nacional de paradores. Esta es la cronología de los hechos, con la versión de cada una de las partes implicadas.
La madrugada del incendio
Todo comenzó en la madrugada del 15 de mayo de 2026. Sobre la 1:30, se declaró un incendio de gran virulencia en el interior del edificio, entonces abandonado desde hacía años. Las llamas, visibles desde distintos puntos de la ciudad, calcinaron buena parte del inmueble antes de que los bomberos lograran controlarlas, y varios vecinos del edificio colindante fueron desalojados como medida de precaución. Las causas del fuego no se han esclarecido públicamente, aunque se supo que la Policía Nacional había acudido en varias ocasiones semanas antes por la presencia de personas okupando el edificio.
Ese mismo día, el grupo municipal del PSdeG-PSOE reclamó al Gobierno local un plan específico para la protección del patrimonio termal de la ciudad, y recordó que cinco años antes ya había llevado al pleno una iniciativa para frenar el deterioro del edificio. Semanas más tarde, en el pleno ordinario de junio, una moción socialista para impulsar la rehabilitación y recuperación del inmueble salió adelante con el respaldo del pleno municipal.
Agosto: unas obras que abren la polémica
A mediados de agosto, con el edificio aún pendiente —según la oposición— de un proyecto de recuperación definido, comenzaron en la Casa de Baños unos trabajos con maquinaria pesada. PSOE y BNG los calificaron de derribo y denunciaron que se estaban ejecutando sin que constaran las autorizaciones ni los informes técnicos que, a su juicio, debían respaldarlos. El Concello, por su parte, sostendría más adelante que se trataba de tareas de apuntalamiento de la fachada principal, no de una demolición como tal.
El portavoz del BNG, Luís Seara, atribuyó la actuación a la gestión del Gobierno de Gonzalo Pérez Jácome y recordó que, según el Plan Xeral, cualquier intervención sobre un edificio catalogado como este exigiría un proyecto de rehabilitación previo y el visto bueno de la Comisión Técnica Municipal de Protección de Bens Culturais, trámite que, según los nacionalistas, no se había llevado a cabo. El BNG cuestionó también que pudiera invocarse una actuación de emergencia tres meses después del incendio, argumentando que de tratarse de una emergencia real ya se habría actuado antes. La socialista Natalia González, por su parte, exigió al Gobierno local toda la documentación técnica y las autorizaciones de la intervención, y recordó que el pleno había aprobado meses antes una moción para recuperar el edificio.
Lo que dice Patrimonio: falta de autorización
La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta confirmó por escrito que las actuaciones llevadas a cabo en la Casa de Baños no contaban, según su valoración, con la autorización preceptiva de la Consellería de Cultura. De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso el PSOE, Patrimonio tuvo conocimiento de las obras el 12 de agosto y notificó ese mismo día al Concello un requerimiento para paralizarlas y presentar la documentación relativa a los trabajos. Dos días después, el 14 de agosto, el propio Servicio de Patrimonio Cultural constató —siempre según esa misma documentación— que los trabajos continuaban pese a esa orden, por lo que solicitó la colaboración de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Xunta para verificar sobre el terreno qué se estaba ejecutando.
En paralelo, la Xunta de Goberno Local aprobó una declaración de emergencia vinculada a esta intervención. Natalia González calificó esta secuencia de hechos de "especialmente grave" y reclamó explicaciones sobre quién decidió continuar las obras y con qué respaldo técnico, anunciando además que trasladaría la documentación a una iniciativa que el PSOE preparaba en el Parlamento de Galicia.
La versión del Concello
El Gobierno municipal no ha permanecido en silencio ante estas acusaciones. En un escrito remitido a Patrimonio el 2 de septiembre, el Concello sostuvo que las obras habían quedado paralizadas ya el 12 de agosto —es decir, el mismo día del requerimiento de la Xunta— y defendió que no era necesario un proyecto técnico para apuntalar la fachada principal del edificio, al entender que se trataba de una actuación de urgencia limitada. El Ayuntamiento cuestionó, además, la forma en que la Xunta había intervenido en este asunto.
Un edificio con protección integral
El trasfondo patrimonial no es menor: la Casa de Baños de Outeiro está integrada en el conjunto declarado Bien de Interese Cultural (BIC) de As Burgas y cuenta, según su ficha de catalogación, con un grado de protección integral y estructural conforme al Plan Básico Autonómico. Para el BNG, esto plantea un problema añadido, ya que la competencia para autorizar intervenciones sobre bienes con este nivel de protección corresponde en exclusiva a la Consellería de Cultura.
Días antes de anunciar su moción para el pleno de septiembre, los nacionalistas ya habían cuestionado que la decisión de intervenir sobre el edificio contara con respaldo legal, mientras el PSOE reclamaba la paralización de las obras y la comparecencia del concejal de Urbanismo y Patrimonio para detallar quién las había autorizado. Simultáneamente, la asociación Apatrigal presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Ourense, al considerar que existía una posible afectación a un bien protegido que requería una explicación documentada.
El BNG plantea llevar el caso a la Fiscalía
El 27 de agosto, el BNG anunció que presentaría en el pleno de septiembre una moción para reclamar responsabilidades y remitir el expediente completo al Ministerio Fiscal. La formación pedía acceso a toda la documentación de las obras —proyectos, licencias, órdenes, informes técnicos y comunicaciones con Patrimonio—, la identificación de quién autorizó la actuación, la apertura de expedientes disciplinarios si se confirmaban irregularidades y la adopción de medidas cautelares para proteger lo que quedaba en pie del inmueble. Los nacionalistas señalaron que, de confirmarse una demolición de un BIC sin autorización, podría tratarse de una infracción muy grave conforme a la Ley 5/2016 de patrimonio cultural de Galicia, y apuntaron a una posible concurrencia con los delitos contra el patrimonio histórico y de prevaricación recogidos en el Código Penal, valoración que corresponderá en todo caso a la Fiscalía y, eventualmente, a los tribunales.
El informe del 15 de septiembre y la entrada del PP
El asunto sumó un nuevo episodio el 15 de septiembre, cuando la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural registró en el Concello un informe en el que denegaba autorización para realizar nuevas demoliciones, desmontajes o labores de consolidación en el edificio mientras no existiera un proyecto redactado por un profesional competente. El documento respondía, precisamente, al escrito que el Concello había remitido el 2 de septiembre defendiendo su actuación. Patrimonio, por su parte, sostuvo en ese informe que el Concello, como propietario del inmueble, estaba obligado a comunicar cualquier daño o intervención sobre él, y señaló que el organismo autonómico no tuvo constancia hasta el 17 de agosto de una providencia municipal firmada ya el 4 de junio para adoptar medidas urgentes.
Con ese informe ya conocido, el Partido Popular pidió que el Gobierno local explicara con detalle qué elementos habían sido demolidos o desmontados, dónde se conservaban las piezas retiradas y cuándo estaría listo el proyecto que reclamaba Patrimonio. La portavoz popular, Ana Méndez Gil, defendió que los vecinos "tienen derecho a saber" qué ha ocurrido con un edificio que forma parte de la historia termal de la ciudad, y reclamó transparencia sobre lo sucedido durante los meses posteriores al incendio.
El giro: un proyecto de parador
En medio de esta polémica llegó un anuncio que añadió un nuevo matiz a la historia. El 21 de septiembre, el Gobierno local presentó una propuesta para reconvertir tanto la antigua prisión de la rúa do Progreso como la Casa de Baños en un establecimiento de la red nacional de paradores: de tipo boutique, unas veinte habitaciones, vinculado al termalismo y situado junto a las propias termas. La fórmula planteada mantendría la titularidad municipal de los terrenos y los edificios, mientras se cedería su uso durante 75 años a la entidad estatal encargada de la gestión, que asumiría la rehabilitación y la explotación del complejo durante ese periodo.
El contraste entre ambos episodios —las obras cuestionadas por Patrimonio en agosto y el proyecto turístico presentado apenas un mes después— no ha pasado desapercibido entre los grupos municipales, que siguen reclamando aclarar, antes de mirar hacia el futuro del edificio, qué ocurrió exactamente durante esos meses. A día de hoy, ese es el punto en el que se encuentra la Casa de Baños: con un informe de Patrimonio que cuestiona lo actuado, una versión del Concello que lo contradice, dos denuncias sobre la mesa de la Fiscalía y un proyecto de parador que empieza a tomar forma.