La ampliación de la balsa de lodos aviva la controversia ecológica
Por Ana Somoza.
La balsa de lodos rojos de Alcoa en Xove ha vuelto a situarse en el centro del debate ambiental en Galicia. Lo que durante décadas fue presentado como el coste inevitable del progreso industrial se ha transformado, para colectivos ecologistas y parte del vecindario, en un símbolo de las consecuencias de un modelo productivo basado en la contaminación, la dependencia económica y la ausencia —según denuncian— de un control ambiental riguroso.
Desde la asociación Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde, presidida por Nery Díaz desde el año 2020, la crítica a la situación de la factoría de San Cibrao es frontal. El colectivo lleva años impulsando informes, alegaciones, análisis y acciones judiciales con el objetivo de frenar la ampliación de la balsa de residuos y abrir un debate público sobre los efectos ambientales y sanitarios derivados de la actividad de la multinacional.
La entidad, de ámbito autonómico, nació con la intención de colaborar con organizaciones conservacionistas y defensoras del ecologismo social en Galicia. Sin embargo, fue a partir del conocimiento directo de la situación de la balsa cuando decidieron intensificar su actividad.
ALERTA
“Conocimos la realidad de la balsa de lodos rojos en el año 2024 y nos pareció algo extremadamente grave”, explica Nery Díaz. La presidenta de la asociación sostiene que durante años “la atención pública se centró exclusivamente en el empleo que genera Alcoa, pero nunca se abrió un debate real sobre el coste ambiental y sanitario que soporta la comarca”.
Según relata, en septiembre de 2023 se constituyó el área STOP Alcoa, integrada por más de treinta personas de distintos puntos de Galicia, entre ellas expertos ambientales, vecinos y profesionales vinculados a la salud o a la investigación. “Nuestro objetivo era entender realmente la dimensión del problema”, afirma.
A partir de ese momento comenzaron a solicitar documentación técnica, informes ambientales y autorizaciones administrativas. “Cuando analizamos toda la información llegamos a la conclusión de que estábamos ante uno de los puntos más contaminantes de Galicia, solo comparable a la antigua central térmica de As Pontes”, asegura.
La organización denuncia que existen numerosos indicios de contaminación persistente en el territorio. “Hay vecinos que llevan años hablando del polvo tóxico, de las filtraciones en las tierras, de los daños en los vehículos, en los animales e incluso en los cultivos”, indica Díaz. Según añade, “no estamos hablando de un episodio aislado, sino de una contaminación continuada durante décadas”.
PRUEBAS
En enero de 2024, el colectivo presentó ante la Xunta un informe elaborado por un ingeniero de caminos y una bióloga. La documentación acabó derivando en un procedimiento contencioso-administrativo.
Paralelamente, la asociación decidió realizar sus propias mediciones. “Hicimos análisis propios y también encargamos estudios externos. Tenemos fotografías y vídeos certificados con fecha y hora en los que se observan vapores saliendo de la balsa, residuos en las carreteras y árboles con las cortezas completamente deterioradas o teñidas de rojo”, sostiene la presidenta de la entidad.
Entre los documentos recopilados figuran también informes veterinarios relacionados con la presencia de flúor y aluminio en los huesos de vacas y ovejas muertas. “Nos enviaron resultados que nos parecieron muy preocupantes”, afirma.
Díaz recuerda además que ya en el año 2010 la revista Interviú había publicado un reportaje sobre los problemas ambientales asociados a la fábrica. “Se habló entonces del polvo tóxico, de las emisiones y de los efectos sobre la población, pero luego todo quedó olvidado”, lamenta.
Para el colectivo ecologista, una de las mayores amenazas está en las posibles filtraciones subterráneas. “El peligro para los acuíferos y para los pozos sigue ahí”, advierten. También consideran especialmente preocupantes las emisiones de flúor procedentes de la actividad industrial. “Ese flúor acaba afectando a los alimentos, a los animales y posiblemente también a las personas”, sostienen.
SALUD
Desde la asociación reclaman que las administraciones impulsen estudios epidemiológicos independientes en la comarca. “Nosotros creemos que la Xunta debería investigar seriamente cómo afecta toda esta situación a la salud de la población”, explica Díaz.
El colectivo mantiene contacto con la neurocientífica Sonia Villapol, investigadora reconocida internacionalmente, que según relatan advirtió de la capacidad de estos residuos para provocar daños celulares. “Ella insiste en la necesidad de reforzar la vigilancia ambiental y sanitaria”, señalan.
También citan que varios médicos consideran posible la relación entre determinadas enfermedades presentes en la comarca y la actividad industrial de Alcoa.
La preocupación por la contaminación llega incluso a la vida diaria de parte del vecindario. “Hay personas que aseguran que ya no se bañan en las playas próximas a la fábrica y otras que ni siquiera consumen los productos de sus huertas”, relataban vecinos a Interviú.
Según sostienen, el viento actúa como vehículo de dispersión de las partículas. “Las nubes de polvo terminan asentándose sobre los núcleos de población y sobre los cultivos, y no solo en A Mariña, sino que llegan incluso a la comarca de Lugo”, afirma.
Uno de los ejemplos más significativos, según explican, fue el caso de una explotación de pitaya situada en Morás. “En octubre de 2023 los invernaderos aparecieron cubiertos de polvo rojo y en los análisis se encontró aluminio en cantidades cien veces superiores a lo normal”, denuncia Díaz. “Los análisis se repitieron en mayo de 2024 por si la situación había cambiado, pero a día de hoy los invernaderos siguen precintados”, asegura.
AMPLIACIÓN
El conflicto se ha intensificado en las últimas semanas con la presentación de una demanda contra el recrecimiento de la balsa de lodos hasta la cota +104 metros.
Según explica el geólogo Óscar Pazos, la ampliación actualmente en tramitación no sería un simple recrecimiento. “El proyecto implica también aumentar la superficie de la balsa y modificar los diques”, asegura.
El colectivo considera que la empresa dividió la actuación en varias fases para facilitar su aprobación ambiental. “La ampliación hasta la cota +110 ya estaba prevista inicialmente, pero se fragmentó en distintos proyectos”, sostienen.
Las alegaciones presentadas por la asociación cuestionan además el rigor técnico del estudio de impacto ambiental. “Detectamos deficiencias metodológicas muy importantes”, afirma Pazos, que reclama una declaración de impacto ambiental negativa.
También ADEGA presentó alegaciones al proyecto. La entidad ecologista considera que la ampliación supone una “huida hacia adelante” que prolonga los riesgos ambientales sobre A Mariña. Según advierte la organización, el hecho de que los lodos rojos hayan sido reclasificados como residuos peligrosos debería obligar a revisar en profundidad la viabilidad de la instalación.
SILENCIO
Otra de las críticas recurrentes del colectivo hace referencia a la falta de participación en los espacios institucionales vinculados al futuro de la planta. “En las mesas de seguimiento que se celebran sobre los hornos y las inversiones no nos dejan participar”, denuncia Nery Díaz.
Según explica, desde la Xunta argumentan que la asociación no tiene derecho a acudir, mientras que desde el Ministerio “dicen que toman nota, pero nunca contestan”.
La organización considera que existe una excesiva proximidad entre empresa, administraciones, sindicatos y partidos políticos. “Hay una connivencia evidente. No entendemos cómo los informes ambientales de la Xunta pueden estar elaborados por la propia empresa”, critica.
Para Díaz, la dependencia económica generada alrededor de la factoría impide abrir un debate profundo sobre el modelo industrial de la comarca. “Estamos hablando de una empresa que recibió más de 1.300 millones de euros en ayudas públicas desde 2008”, afirma. “Si parte de ese dinero se destinase a crear empleo alternativo, probablemente A Mariña tendría más futuro, mejor salud ambiental y una economía más sostenible”.
FUTURO
Mientras el debate ambiental crece, las administraciones continúan defendiendo la importancia estratégica de la planta de San Cibrao. En la última mesa de seguimiento, el Gobierno central destacó la recuperación industrial tras la reactivación de las 512 cubas de electrólisis y recordó los 40 millones de euros comprometidos a través del PERTE de descarbonización industrial.
Sin embargo, persisten las dudas sobre las inversiones pendientes, especialmente sobre el futuro horno de cocción de ánodos. La multinacional continúa condicionando la viabilidad del complejo a un marco eléctrico competitivo y estable.
Desde los sindicatos reclaman compromisos industriales firmes que garanticen el empleo. Pero para los colectivos ecologistas, el debate no puede limitarse únicamente al aspecto económico.
“La cuestión es decidir qué modelo de territorio queremos”, sostiene Nery Díaz. “Llevamos más de cuarenta y cinco años conviviendo con una actividad altamente contaminante. La balsa ocupa una superficie equivalente a casi 160 campos de fútbol, hay emisiones constantes, residuos en el mar, polvo tóxico cuando sopla el viento y una degradación evidente del paisaje”.
La presidenta de Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde concluye que ante un problema no cabe mirar hacia otro lado, sino analizarlo y buscar la manera de solucionarlo. “Lo que pedimos es transparencia, control independiente y protección real para la salud y para el territorio”, concluye.