La CIG acusa a la Xunta de ignorar la crisis de la clase trabajadora en los presupuestos de 2027 y llama a la huelga general del 11 de noviembre
La Confederación Intersindical Galega (CIG) considera que los presupuestos de la Xunta para 2027 no incluyen medidas para hacer frente a la situación económica de la clase trabajadora gallega. El secretario general del sindicato, Paulo Carril, califica las cuentas de ajenas a la realidad social y defiende la necesidad de impulsar otras políticas públicas que den respuesta a las necesidades más inmediatas de la ciudadanía.
«Los presupuestos confirman que hay un Gobierno en Galicia que vive en otro país, que vive fuera de la realidad», afirma Carril, que critica que las cuentas no contemplen medidas para compensar la subida de los precios de los productos básicos, apoyar a los sectores productivos fundamentales o revertir lo que considera un proceso de desmantelamiento y privatización de los servicios públicos, especialmente de la sanidad. También denuncia la falta de soluciones a las deficiencias de los servicios de atención a las personas.
El dirigente sindical alerta de que Galicia registra por segundo mes consecutivo el índice de precios de consumo (IPC) más elevado del Estado español, una situación que, según señala, está empobreciendo a la mayoría social. En este contexto, reprocha al Gobierno gallego que no adopte medidas específicas ni tenga previsto un plan de choque para afrontar el encarecimiento del coste de la vida.
Para la CIG, los presupuestos refuerzan los motivos para secundar la huelga general convocada para el 11 de noviembre. La organización reclama políticas públicas que permitan a las familias adquirir alimentos básicos, acceder a una vivienda y hacer frente al pago de la electricidad y de los combustibles. Carril también pide apoyo para los sectores productivos que garantizan la producción de alimentos en el país.
Reivindicación de una vida digna
El secretario general de la CIG recuerda que diferentes sectores están movilizados en Galicia para reclamar condiciones de vida dignas. Entre los conflictos existentes, destaca las huelgas vinculadas a la negociación de convenios colectivos para conseguir salarios adecuados al coste de la vida.
Carril critica que, a su juicio, el Gobierno del PP esté más centrado en apoyar la campaña de Alberto Núñez Feijóo que en atender los problemas de la ciudadanía gallega. En este sentido, cuestiona las políticas que atribuye al Partido Popular y considera que los recortes y las medidas adoptadas en los últimos años han contribuido a agravar las dificultades sociales.
La sanidad pública es otro de los ámbitos que centra las críticas de la organización sindical. La CIG considera que las cuentas no ponen solución a lo que califica como un proceso de desmantelamiento y privatización del sistema sanitario y denuncia la persistencia de las listas de espera, los retrasos en las pruebas diagnósticas y las dificultades para conseguir una cita en atención primaria dentro de los plazos necesarios.
El sindicato también alerta de las dificultades para acceder a una plaza pública en una residencia para personas mayores o dependientes. Según Carril, mientras las familias encuentran obstáculos para acceder a estos recursos, continúa creciendo el negocio privado en torno a la atención a la dependencia.
En el ámbito de los servicios de atención a las personas, la CIG responsabiliza al Gobierno gallego de promover políticas que, según denuncia, precarizan y privatizan la prestación de los cuidados, haciendo recaer las consecuencias sobre los colectivos más vulnerables.
Críticas a la Ley de acompañamiento
La CIG cuestiona también el uso de la Ley de acompañamiento de los presupuestos para introducir modificaciones normativas que, a su entender, favorecen nuevos recortes y permiten adoptar medidas sin el debate específico que requerirían.
Carril advierte de que estas disposiciones pueden favorecer lo que califica como expolio y depredación de los recursos naturales de Galicia, en beneficio de los fondos de inversión y en detrimento del desarrollo económico y social del territorio.
El secretario general concluye que los presupuestos deberían priorizar las necesidades de la mayoría social, reforzar los servicios públicos y apoyar a los sectores productivos gallegos, en lugar de mantener políticas que, según su valoración, contribuyen a la precariedad y al empobrecimiento de la población.