La CIG alerta de que el aumento de la carestía agrava la desigualdad y limita la autonomía de las mujeres

La CIG presentó la campaña con motivo de la conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año se centra en visibilizar el mayor impacto que la subida de los precios tiene sobre las mujeres trabajadoras, al partir de condiciones salariales y laborales inferiores a las que tienen los hombres. La consecuencia es un proceso de empobrecimiento feminizado que limita la autonomía económica de las mujeres y que tiene una relación directa con la violencia machista. De ahí que el lema escogido para esta campaña sea «Nos encarecen la vida. Nos recortan los derechos».
En el marco de esta campaña, el propio viernes 25 de noviembre, la CIG tiene convocada una asamblea nacional de delegadas en Ourense y, después, una manifestación a las 12 h desde el local sindical hasta el Edificio de la Xunta (Casa de Chocolate). Al finalizar la movilización se realizará una acción visual denominada «el carro de la precariedad», con la que se pretende resumir el contenido de esta campaña. A la protesta se llevará un carro en el que se introducirán elementos y una gran factura final cuyo total a pagar son «los derechos y la autonomía de las mujeres».
«La inflación agrava la desigualdad entre mujeres y hombres. Si cobramos menos, la vida nos cuesta más», advirtió la secretaria Confederal de las Mujeres de la CIG, Margarida Corral, que compareció en rueda de prensa acompañada por Ester Mariño, del Gabinete Técnico Confederal. Corral explicó que se busca poner en evidencia cómo la subida de la vivienda, de la luz, del transporte o de la alimentación impacta en mayor medida en las mujeres, ya que siguen percibiendo salarios más bajos, soportando tasas de parcialidad superiores y concentran el empleo en sectores esenciales caracterizados por la infravaloración salarial y la precariedad.
Según los datos de la Agencia Tributaria de 2025, el salario medio estimado de las mujeres en Galicia fue de 30.139 euros, frente a los 32.323 euros de los hombres. Es decir, de media las mujeres percibieron 2.184 euros menos (el 6,8 %). Además, seis de cada diez personas que percibieron un salario anual estimado de hasta 18.154 euros fueron mujeres.
Sin autonomía económica no hay libertad
La secretaria de las Mujeres de la CIG incidió en que la dependencia económica tiene una relación directa con la violencia machista al ser una herramienta de sometimiento. «Una mujer sin ingresos suficientes y una red de recursos públicos adecuada tendrá más dificultades para construir un proyecto de vida independiente y también para abandonar una situación de violencia».
Pero mientras la vida se encarece y la precariedad golpea especialmente a las mujeres, el Gobierno gallego mantiene un modelo que privatiza los cuidados, precariza los sectores feminizados, debilita la estructura institucional específica de igualdad, externaliza recursos para víctimas de violencia sexual y no dota del personal necesario a servicios esenciales para la protección de las mujeres.
Como ejemplo de estas políticas, Margarida Corral expuso la externalización a empresas privadas de la gestión de los cinco centros de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual (adjudicados a OHL-Ingesan y Eulen). «La protección de las víctimas no puede depender de una cuenta de resultados», criticó.
La campaña de la secretaría de las Mujeres también incorpora una nueva dimensión de violencia: la misoginia digital y la ofensiva antifeminista. El empleo de términos como «charo» para menospreciar a las mujeres «es una estrategia que convierte a la mujer feminista en un estereotipo ridículo, ignorante o histérico para desacreditar su intervención pública y deslegitimar las reivindicaciones feministas».
Violencia institucional, el ejemplo del Ayuntamiento de As Neves
Como ejemplo de este tipo de violencia, Ester Mariño informó del caso de una trabajadora del Ayuntamiento de As Neves contratada a través de un programa de empleo para víctimas de violencia de género, que padeció acoso sexual en su puesto de trabajo sin que la administración local activara ningún mecanismo de protección.
La propia Inspección de Trabajo señaló que la jefatura de personal minimizó el riesgo, que la trabajadora no recibió formación ni información preventiva y que no existía un protocolo frente al acoso cuando sucedieron los hechos. En la actualidad, censuró Mariño, el trabajador autor del acoso sexual continúa ocupando su puesto sin que se le haya aplicado ninguna medida disciplinaria por su conducta, a pesar de que los hechos están más que acreditados.
Por eso, la CIG tiene convocada una concentración hoy, 20 de noviembre, a las 12 h delante del consistorio de As Neves, en apoyo a la trabajadora y para exigir responsabilidades tanto al autor del acoso como al alcalde y jefe de personal, José Manuel Alfonso, por la condición del Ayuntamiento como empleador.
En su condición de víctima de violencia de género, el Ayuntamiento debía activar la protección prevista en el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para las personas especialmente sensibles. Sin embargo, «lejos de hacer esto, la entidad municipal desprotegió a la víctima en todo momento, incluso después de haber denunciado el acoso sexual», destacó Mariño.
Finalmente, en la comparecencia se hizo un llamamiento a participar en las movilizaciones convocadas por la Marcha Mundial de las Mujeres el viernes día 25 por la tarde en varias ciudades y localidades gallegas bajo el lema «Vidas libres de violencia machista».