La CIG convoca una movilización en O Porriño en el primer aniversario del asesinato de una trabajadora del SAF
La CIG ha convocado para el próximo miércoles 29 de julio una movilización en O Porriño para reclamar más seguridad para las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), coincidiendo con el primer aniversario del asesinato de Teresa González, una empleada del servicio que perdió la vida mientras realizaba su trabajo. La protesta estará precedida por una asamblea nacional de delegadas del sector para analizar la situación actual y las medidas pendientes de aplicar.
La manifestación partirá a las 11.30 horas desde el Centro Cívico y finalizará ante el Ayuntamiento, donde el sindicato denunciará lo que considera la falta de compromiso de la Xunta de Galicia y, en particular, de la Consellería de Política Social, con la seguridad de las profesionales del SAF.
La central sindical aseguró que, tras once meses de negociación en la mesa de la Fegamp, fue determinante en la elaboración del Protocolo para la Prevención y Actuación ante Situaciones de Violencia Laboral Externa y de un documento complementario de compromisos destinado a garantizar su aplicación mediante recursos económicos, cambios normativos y medidas concretas. Sin embargo, critica que la Consellería de Política Social rechazase firmar tanto el protocolo como el documento de compromisos, pese al consenso alcanzado entre sindicatos, administraciones locales, patronales y otros organismos.
La CIG considera que esta decisión evidencia la "falta de voluntad política" de la Xunta para mejorar la protección de un colectivo que considera especialmente expuesto a la violencia laboral. También reprocha al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (ISSGA) que se limitase a ratificar el protocolo sin asumir un compromiso técnico y presupuestario para desarrollarlo.
Durante la presentación de la movilización, el secretario de Organización de CIG-Servicios, Pedro Pérez, y la responsable de Mujer de la CIG de Vigo, Ester Mariño, denunciaron la "indolencia e ineficacia" de las administraciones y de la empresa en la protección de las profesionales del SAF. Según indicaron, el asesinato de Teresa puso de manifiesto las carencias de un modelo que deja a las trabajadoras de los cuidados expuestas a situaciones de riesgo sin los mecanismos preventivos necesarios.
El sindicato advirtió de que, sin financiación, cambios normativos y una implicación directa de la Administración autonómica, existe el riesgo de que el protocolo quede reducido a una simple declaración de intenciones. "Las trabajadoras del SAF tienen derecho a desempeñar su trabajo con garantías y a regresar vivas y sanas a sus casas al finalizar cada jornada", afirmó Pedro Pérez.
Entre sus principales reivindicaciones, la CIG reclama la firma inmediata del documento de compromisos por parte de la Xunta con dotación presupuestaria suficiente, una mayor implicación del ISSGA en la evaluación de los riesgos del sector, el desbloqueo del convenio colectivo, caducado desde 2012, y la aplicación efectiva del protocolo tanto en los servicios de gestión directa como en los privatizados. Además, defiende la creación de un Sistema Público Gallego de Atención a las Personas, asumido directamente por la Xunta de Galicia.