La CIG inicia una campaña para atajar la "caótica situación" de la administración de Justicia
Bajo este lema, la CIG acaba de iniciar una campaña para reclamar soluciones a la caótica situación en la que se encuentra esta administración en Galicia tras la entrada en funcionamiento del nuevo modelo organizativo creado por la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del sector público de la Justicia.
La iniciativa se basa en el análisis pormenorizado del estado en el que se encuentran el conjunto de los órganos judiciales en toda Galicia, transcurrido un año de la puesta en funcionamiento de los Tribunales de Instancia en las villas de la Fase I y seis meses desde que lo hicieron en las siete ciudades gallegas.
En el informe de evaluación, el sector de Justicia de la CIG-Administración detecta hasta cuarenta problemáticas en el conjunto del país para las que formula cuarenta propuestas, que ya fueron trasladadas a la dirección general de Justicia para que ponga en marcha las medidas oportunas y que la central sindical tiene previsto abordar también con el personal de cada uno de los tribunales para su actualización constante.
La CIG-Justicia resume el conjunto de propuestas en un decálogo que tiene como primera y más urgente medida la creación de plazas en todos los servicios para afrontar el déficit de personal. Esta falta de efectivos afecta de manera más grave a las villas, encontrándose ya al borde del colapso los tribunales de Carballo, Padrón, Xinzo de Limia, Vilagarcía o Lalín.
Por ello, la CIG-Justicia le reclama a la dirección general que abra la negociación para abordar la reforma de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y crear las plazas necesarias en todos los servicios, la configuración de servicios comunes generales en las villas para el registro y el reparto y la constitución de equipos estructurales “imprescindibles en muchos servicios y necesarios para conseguir una verdadera especialización: familia, mercantil, social, contencioso, etc.”.
En esta línea, reivindican también un aumento de las plazas especializadas en violencia de género en las siete grandes ciudades y que se adecue la nueva plantilla a los horarios reales de estas plazas.
“La falta de personal se vio agravada con la entrada en funcionamiento del nuevo modelo organizativo que en Galicia implicó la eliminación de los refuerzos en los juzgados, por decisión propia de la Xunta. En este tiempo ya quedó bien claro que sin esos refuerzos es imposible sacar adelante el trabajo”, alerta la CIG-Justicia. Pero además, en la práctica hay mucho menos personal trabajando debido al “aluvión” de jubilaciones y la marcha de personal interino tras aprobar los procesos de consolidación, quedando los puestos que ocupaban vacíos durante semanas”, añaden.
Cada persona está ahora adscrita a múltiples órganos
“Para más abundamiento, la configuración de la nueva organización provoca que sea necesario más personal para desarrollar el trabajo debido al diseño de los equipos, ya que ahora cada persona atiende múltiples órganos judiciales, numerosos correos electrónicos y carpetas compartidas, retrasando el desarrollo del trabajo y obligando a una mayor atención para evitar errores en la tramitación. También hay menos plazas dedicadas a la tramitación procesal y se están desviando efectivos para la dedicación completa a tareas gubernativas”, señalan.
Añaden que en Galicia ocurre además que se desconocía el funcionamiento de los servicios comunes, que el expediente digital tiene mucha menos implantación que en otros territorios, que el sistema de gestión procesal no va a la par de las nuevas versiones que ya existen en otras administraciones, y que sigue habiendo un abuso de la impresión en papel.
“En la CIG llevamos años denunciando esta situación sin que se le pusiera remedio y ahora nos encontramos con personas que llevan expedientes derivados de órganos distintos a los que estaban y que pasan la mañana de un lado para otro, a veces incluso entre edificios distintos, buscando el procedimiento en papel porque faltan las resoluciones en el programa Minerva y no pueden continuar con la tramitación de los asuntos”, explican.
Para profundizar más en este caos, “cada Tribunal de Instancia de cada una de las siete grandes ciudades tiene una organización distinta, por lo que el panorama en el sector es de lo más heterogéneo”.
“A las problemáticas de falta de personal y organizativas se suman las necesidades de medios materiales (escáneres, tabletas para las diligencias fuera de las sedes, cámaras de mayor resolución o incluso teléfonos), las necesidades de formación presencial para todo el personal, en especial para el que carece de experiencia previa, crear plazas específicas para labores gubernativas o implantar el trabajo a distancia, al que el personal de esta administración todavía no tiene derecho”, concluyen.
Por todas estas razones, la CIG-Justicia presenta esta batería de propuestas “que a nuestro entender es necesario ejecutar sin más demora por parte de la dirección general para que no se agrave la difícil situación en la que se encuentra en la actualidad la administración de Justicia en Galicia”.