La CIG pide la dimisión de Fabiola García por "primar los intereses del empresariado de las escuelas infantiles"
La conselleira de Política Social, Fabiola García, acaba de afirmar que si el Gobierno central aprueba las nuevas ratios para la educación infantil (4 niños y niñas de 0-1 año, 8 de 1 a 2 años y 12 de 2 a 3 años) estará en riesgo la gratuidad de las escuelas infantiles en Galicia. La CIG, que a través de las federaciones de Administración y de Enseñanza defiende los derechos de las personas trabajadoras tanto de las escuelas públicas como privadas, califica esta amenaza de “intolerable” y pide que presente inmediatamente su dimisión por ponerse del lado de los intereses económicos de las empresas del sector y despreciar el bienestar del alumnado y los derechos laborales del personal. En este sentido, la central insiste en poner en situación las ratios “totalmente abusivas” actuales (8, 13 y 20 por educadora respectivamente), “que claramente imposibilitan que las criaturas estén bien atendidas y que se puedan desarrollar los proyectos educativos propios de este nivel”.
El sindicato mayoritario en el sector, tanto público como privado, que abarca a más de 5.000 trabajadoras en Galicia, le recuerda a la conselleira que la gratuidad de este servicio público esencial se financia con impuestos públicos que se destinan a empresas privadas por decisión expresa de la Xunta. En este sentido, hace hincapié en que el Gobierno gallego acaba de devolverle 22 millones de euros al Estado que tenían como fin la creación de plazas públicas. “Por lo tanto, la Administración autonómica optó por mantener el modelo privado financiado con dinero público sin que esta inyección económica supusiera ninguna mejora para las trabajadoras, que siguen teniendo salarios en algún caso inferiores al SMI y una enorme responsabilidad social”.
Otro motivo que esgrime la CIG para pedir la dimisión de Fabiola García es que miente descaradamente al decir que se reúne con “todo el sector”, dado que solo se reunió con la parte empresarial pero se niega a recibir a la parte laboral desde hace más de tres años que le llevan pidiendo reuniones para abordar mejoras en las condiciones, la mediación para un convenio gallego del sector y el paso a depender de Educación, entre otras demandas. La conselleira sigue sin recibir ni a los centros públicos ni a las trabajadoras de los centros privados ni a las personas representantes legales del sector.
“Es también intolerable que la máxima responsable de IGUALDAD del gobierno de la Xunta lance mensajes intimidatorios y de coacción al decir que se van a perder muchos salarios de mujeres”, indican desde la CIG. En este sector, completamente feminizado, la conselleira de Política Social e Igualdad defiende que las trabajadoras tengan que estar agradecidas y conformes por tener condiciones de trabajo indignas y salarios de pobreza, pese a la labor educativa y de protección que realizan sobre lo más valioso de la sociedad gallega.
Competencias plenas en materia educativa
La central asegura que esta visión la tiene del mismo modo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que también insiste en que las nuevas ratios "comprometen la gratuidad" al no entender el concepto de gratuidad universal como un servicio público sino como el negocio sufragado por todos y todas al sector privado.
En declaraciones recientes, el presidente de la Xunta de Galicia animaba a las trabajadoras de las escuelas infantiles a manifestarse en Madrid contra el Gobierno central. Está claro que el objetivo de esta “solidaridad” de Rueda no era apoyar las reivindicaciones del personal que trabaja en el sector, sino sacar rédito político de un conflicto laboral. La Xunta, que tiene las plenas competencias en materia educativa, podía haber bajado la ratio educadora/número de criaturas y lejos de hacerlo ahora se rebela contra la intención de cambiar estas ratios por parte del Gobierno del Estado.
Mientras Rueda acusa a Sánchez de no financiar escuelas infantiles en Galicia, hace apenas un año la Consellería de Política Social devolvió al Estado 22 de los 34 millones de fondos europeos que le había enviado para crear más de 3.000 plazas públicas en escuelas infantiles. Dado que este dinero no podía emplearse para sufragar plazas en centros privados, la administración gallega optó por mantener el modelo privatizador, mientras en otras comunidades autónomas se incrementaron ostensiblemente las plazas públicas en los últimos años.
La CIG hace hincapié en que siempre defenderá un modelo público de educación y gratuito, sea la etapa que sea, y mientras la red de centros sea insuficiente, la gratuidad o el copago de la educación privada debería tener en consideración las rentas de las familias usuarias. “Además hay que tener en cuenta que Galicia es el territorio del Estado con el menor índice de natalidad, por lo que las políticas demográficas son una inversión, no un gasto”.
Por otra parte, recuerdan que Fernando Rollán, presidente de la patronal del sector (AGADEI), habló de la inviabilidad económica de los centros que representa si se aprueba este decreto. “Lo que es inviable es dar una atención educativa de calidad con estas ratios y de eso es plenamente consciente cualquier persona, sobre todo las familias, que saben de la dificultad de la crianza y de la educación en estas edades como para hacerlo con hasta ocho bebés o 20 niños y niñas de más de dos años en un aula a cargo de una única persona”.
Por eso la central sindical considera que la pregunta que deberían responder los responsables políticos del PP y de la patronal es si son usuarios de estos servicios con las ratios actuales o no confían en que estén bien atendidos sus hijos e hijas y optan por otras opciones que sí se pueden permitir por sus ingresos económicos. “Esa es la respuesta que tienen que dar públicamente porque desde el momento en que quienes nos gobiernan optan por servicios privados de alto standing y desprecian lo público o precarizado a nivel particular ya se sabe cómo van a gestionar los recursos públicos”.