La CIG recurre ante el TSXG el nuevo sistema de control de las bajas médicas impulsado por la Xunta
La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la Resolución de 20 de mayo de 2026 de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, que modifica el protocolo de gestión clínica y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal (IT) por parte de la Inspección y Control de Salud Laboral.
Según informó la central sindical, este recurso constituye un nuevo paso en su oposición a las medidas promovidas por la Xunta en materia de control de las bajas médicas. La organización considera que los cambios introducidos responden a una estrategia orientada a reforzar el papel de las mutuas en la supervisión de los procesos de incapacidad temporal, bajo el argumento de combatir el absentismo laboral y agilizar la gestión sanitaria.
La CIG sostiene que la nueva regulación permite que las mutuas soliciten con una única autorización de la Inspección Sanitaria todas las pruebas diagnósticas, tratamientos y procedimientos de rehabilitación relacionados con un proceso de incapacidad temporal por contingencias comunes. A diferencia del sistema anterior, en el que cada actuación requería una autorización individual y debía partir de una solicitud realizada previamente por profesionales de la sanidad pública, la nueva normativa amplía notablemente la capacidad de actuación de estas entidades.
El sindicato alerta de que esta modificación otorga a las mutuas un papel determinante en el control de los procesos de baja médica, al permitirles participar en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas trabajadoras. Además, advierte de que no se establecen limitaciones en función del tipo de patología ni se exige que las actuaciones sean previamente indicadas por el personal sanitario del sistema público.
Otro de los aspectos cuestionados por la organización sindical es el relativo al consentimiento informado de los pacientes. Aunque la resolución mantiene la obligatoriedad de este requisito, la CIG considera que puede verse condicionado por el contexto de presión sobre las personas en situación de baja laboral y por la posible interpretación de la negativa a participar en estos procedimientos como una falta de colaboración en el proceso de recuperación.
La central también expresa preocupación por la financiación de estas actuaciones, ya que las mutuas podrán realizar las pruebas y tratamientos con sus propios recursos o mediante contratación de servicios de la sanidad privada. En este sentido, denuncia que la medida puede suponer una derivación de fondos públicos hacia el sector privado, tanto a través de los recursos del Sergas como de los procedentes de la Seguridad Social.
Entre las novedades introducidas por la resolución figura también la incorporación de los procesos de rehabilitación a las actuaciones que pueden ser asumidas por las mutuas, una competencia que no estaba contemplada en la instrucción anterior. Para la CIG, esta ampliación refuerza el control de estas entidades sobre el conjunto del proceso de incapacidad temporal.
La organización sindical también cuestiona las garantías de protección de la información sanitaria de las personas trabajadoras, ya que la resolución contempla la incorporación a la historia clínica electrónica de los resultados de las pruebas y procedimientos realizados por las mutuas, sin que, a su juicio, se especifiquen mecanismos suficientes para evitar accesos indebidos a la información clínica.
Paralelamente al recurso judicial, la CIG anunció que continuará con la campaña de información y movilización iniciada en los últimos meses para reclamar la retirada de la resolución. Entre sus demandas figuran la recuperación del sistema de autorización individualizada para cada prueba o procedimiento solicitado por las entidades privadas, la paralización de la financiación pública de estas actuaciones, la protección de la historia clínica de las personas trabajadoras y el refuerzo de los recursos de la sanidad pública.
La central sindical avanzó además que seguirá promoviendo acciones tanto en el ámbito judicial como en el social para defender los derechos de las personas en situación de incapacidad temporal y para oponerse a lo que considera una progresiva privatización de la gestión de las bajas médicas.