La flota de Burela lleva a Bruselas la evidencia científica para reclamar el fin de los cierres al palangre "piedra-bola"

El estudio ISPAMER concluye tras analizar 6,36 millones de anzuelos que el impacto de este arte sobre los fondos marinos es mínimo, mientras las restricciones han reducido un 36,5 % la facturación media de la flota
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9 Sep 2026

La flota palangrera de Burela llevó este miércoles al Parlamento Europeo los datos científicos con los que pretende lograr una modificación de las restricciones que afectan a sus caladeros tradicionales. CEPESCA, Europêche y OPP Burela reclamaron una revisión urgente del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 para que el palangre "piedra-bola", empleado en la captura de la conocida merluza de pincho, quede excluido de las 87 zonas vedadas.

El principal argumento procede del proyecto ISPAMER 2023-2025, dirigido por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC). Tras tres años de investigación, el estudio concluye que esta modalidad tiene un comportamiento semipelágico y que su impacto sobre los ecosistemas marinos vulnerables presentes en los fondos es prácticamente imperceptible.

La investigación siguió la actividad de siete buques de la flota de Burela durante 55 mareas y 770 días de pesca, con 1.493 operaciones observadas por científicos a bordo y mediante sistemas electrónicos. En más de 6,36 millones de anzuelos se contabilizaron únicamente diez encuentros con especies indicadoras de ecosistemas marinos vulnerables.

El científico del IEO-CSIC Pablo Abaunza incidió también en el reducido contacto de las piedras con el lecho marino. Incluso considerando el supuesto teórico de que todos los pesos de un aparejo de hasta 30 kilómetros tocaran el fondo, la superficie máxima de contacto sería de 1,87 metros cuadrados por jornada.

UNA PESQUERÍA SELECTIVA

ISPAMER también constató la elevada selectividad de esta modalidad. La merluza supone el 90,9 % de las capturas retenidas, mientras la tasa de descarte se queda en un 0,7 %, principalmente por ejemplares depredados por otras especies.

Los resultados fueron presentados en un encuentro que reunió al sector, científicos, administraciones y representantes de las instituciones europeas. La jornada estuvo presidida por la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo, y contó con la participación de la secretaria general de Pesca, Isabel Artime; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; y los eurodiputados Francisco José Millán Mon, Nicolás González Casares, Oihane Agirregoitia, Nora Junco García y Ana Miranda.

Crespo defendió acelerar la revisión de las 87 zonas vedadas y destacó la necesidad de que las decisiones se sustenten en la evidencia científica disponible.

El secretario general de CEPESCA y presidente de Europêche, Javier Garat, sostuvo que "la ciencia demuestra que no tiene sentido aplicar a este palangre las mismas restricciones que a artes con comportamientos e impactos completamente diferentes". Garat reclamó a la Comisión Europea que cumpla el compromiso de modificar la normativa cuando exista evidencia que justifique el cambio.

PÉRDIDAS DE MÁS DE MEDIO MILLÓN POR BARCO

A la reivindicación ambiental y científica se suma el impacto económico. Según los datos presentados por el sector, desde la aplicación de los cierres las capturas de merluza se han reducido un 34 % y la facturación media ha caído un 36,5 %. La comparación de los resultados de 2025 con la media de 2020 y 2021 se traduce en una pérdida anual de 563.185 euros por embarcación.

El director gerente de OPP Burela, Sergio López, advirtió de que "con estos niveles de pérdida, la continuidad de la flota no es viable". Las restricciones, según explicó la organización, han obligado también a realizar mayores desplazamientos y mareas más largas, aumentando el consumo de combustible y empeorando las condiciones laborales de las tripulaciones.

OPP Burela recuerda que la pesca representa alrededor del 25 % del PIB de Burela y sostiene directa o indirectamente a unas 1.600 familias.

CEPESCA, Europêche y OPP Burela reclamaron finalmente a la Comisión Europea que reconozca el palangre semipelágico como una categoría diferenciada y apruebe una exención específica que permita a la flota recuperar sus caladeros históricos sin rebajar la protección de los ecosistemas marinos vulnerables.

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