La Ley de Educación Digital de Galicia sale adelante entre las críticas del PSdeG por la falta de consenso y garantías

El Parlamento de Galicia aprobó la Ley de Educación Digital de Galicia con el único voto favorable del Partido Popular y el rechazo del Grupo Socialista, que cuestionó la falta de consenso y la escasa concreción de las medidas recogidas en el texto. La norma pretende regular la incorporación de las tecnologías al sistema educativo gallego, combinando las oportunidades de la transformación digital con la protección de los menores, la privacidad y la equidad en el acceso a los recursos.
Desde el PP, el diputado Julio García Comesaña defendió la ley como una norma «equilibrada, garantista y basada en la evidencia científica», que apuesta por un modelo de educación híbrida en el que «la tecnología debe estar al servicio de la educación y nunca la educación al servicio de la tecnología». Según explicó, el objetivo es aprovechar las posibilidades de la transformación digital sin ignorar riesgos como el ciberacoso, el acceso a contenidos inadecuados, la pérdida de privacidad o la desinformación.
Entre los principios fundamentales de la norma figuran la protección de los menores, la equidad, la accesibilidad, el respeto a la privacidad, la supervisión humana, la participación de las familias y el papel del profesorado. García Comesaña destacó también la importancia de adaptar el uso de las herramientas digitales a la edad y madurez del alumnado. En este sentido, la ley establece que, en educación primaria, los dispositivos deben limitarse a aquellas actividades en las que aporten un beneficio pedagógico especial.
El diputado popular puso en valor el proceso de participación desarrollado para elaborar el texto, que recibió cerca de 900 aportaciones de diferentes sectores de la comunidad educativa, entre ellos sindicatos, familias, universidades, asociaciones profesionales y especialistas. Además, destacó la incorporación de enmiendas de los grupos de la oposición y defendió que la aprobación de la ley supone pasar de los programas y estrategias desarrollados en los últimos años, como Abalar y E-Dixgal, a una regulación estable de los derechos, principios y garantías de la educación digital.
Sin embargo, la valoración del Grupo Socialista fue muy diferente. El portavoz de Educación, Aitor Bouza, calificó el texto de «mucho humo, poca realidad y ninguna materialización de derechos» y advirtió de que, tal y como ha sido aprobado, no resolverá los problemas digitales del ámbito educativo. Los socialistas votaron en contra al considerar que la ley llega sin consenso con la comunidad educativa ni con los grupos parlamentarios.
Bouza criticó que el PP solo aceptase siete de las 158 enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y aseguró que el texto incorporó únicamente 32 de las cerca de 900 aportaciones recibidas durante el proceso de consulta. A su juicio, el Gobierno gallego y el PP «dialogaron consigo mismos» para sacar adelante una norma que considera necesaria, pero inadecuada en su formulación actual.
El portavoz socialista cuestionó también la ausencia de una memoria económica y la utilización de fórmulas como «se promoverá», presente hasta en 31 ocasiones en el articulado, en lugar de garantías concretas y compromisos efectivos. Para Bouza, la ley acaba siendo un «catálogo de buenas intenciones» que podría sustituirse por un protocolo de recomendaciones para los centros educativos, ya que duda de su capacidad real de ejecución.
Ante esta situación, el PSdeG anunció que convocará una comisión de trabajo para escuchar a la comunidad educativa y recoger nuevas aportaciones, una iniciativa que, según denunció, fue rechazada por el PP durante la tramitación parlamentaria.
De este modo, la aprobación de la Ley de Educación Digital de Galicia deja en evidencia dos visiones contrapuestas sobre el futuro de la digitalización en las aulas. Mientras el PP defiende que la norma establece un marco estable de protección, innovación y garantías basado en la evidencia científica, el PSdeG considera que carece de compromisos concretos, recursos y consenso suficientes para responder a las necesidades reales de los centros educativos, del profesorado y de las familias.