La Plataforma por un Transporte Digno exige explicaciones a la Xunta por los incumplimientos del autobús en Ferrolterra
La Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol y Comarca vuelve a poner el foco en la gestión del transporte público interurbano y en la responsabilidad de la Xunta de Galicia ante los problemas que arrastra el servicio en Ferrolterra. En una comunicación dirigida a los alcaldes que forman parte de la Área de Transporte Metropolitano (ATM) de Ferrolterra, el colectivo les pide que se impliquen y reclamen explicaciones a la Administración autonómica por los incumplimientos que, según sostiene, se producen en las concesiones de autobús.
La entidad acompaña su petición con documentación oficial de la Xunta relativa a las compensaciones extraordinarias concedidas a las empresas operadoras por el incremento de los costes de explotación. Su argumento es que las ayudas económicas deben analizarse también a la luz de las obligaciones de servicio público que tienen las concesionarias y del grado de cumplimiento de los recorridos y expediciones comprometidos.
La reclamación se produce en un contexto de malestar creciente por el funcionamiento del transporte en la comarca. Durante las últimas semanas, usuarios y ayuntamientos han denunciado retrasos, falta de plazas, autobuses que llegan completos a determinadas paradas e incidencias en las conexiones con A Coruña, Santiago y Lugo.
Una orden de compensaciones que incluye la concesión de Ferrolterra
La orden de 13 de octubre de 2025 de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, establece un procedimiento extraordinario para compensar a las concesionarias del transporte público regular por carretera de competencia autonómica ante el incremento de los costes de explotación.
La Xunta justifica esta medida en la situación económica excepcional derivada, inicialmente, de la guerra de Ucrania y en el encarecimiento de diferentes componentes necesarios para prestar el servicio. La orden contempla compensaciones para los ejercicios 2025 y 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad de los contratos y evitar un deterioro adicional de la oferta de transporte.
El documento recoge importes globales estimados de 9,36 millones de euros para 2025 y 8,20 millones para 2026. La Administración autonómica establece que estas ayudas tienen carácter extraordinario y temporal y que su cálculo debe atender a la estructura de costes de cada concesión.
Entre las líneas incluidas figura la XG-843, denominada A Coruña-Ferrol-Ortigueira-Viveiro-Vilalba, con anexos. Se trata de una concesión especialmente relevante para la movilidad de Ferrolterra, al conectar diferentes municipios de la comarca con otros puntos del norte gallego.
En la tabla correspondiente a esta línea, la orden recoge una compensación anual previa de 38.746,50 euros para el período 2025-2026 y compensaciones anuales adicionales de 65.727,64 euros para 2025 y 104.474,14 euros para 2026.
El documento incorpora, además, una corrección de errores firmada el 17 de octubre de 2025 que modifica uno de los porcentajes de la tabla. En la concesión XG-843, el porcentaje mínimo de kilómetros efectivos disponibles tras la compensación pasa del 7 % al 26 %. La corrección también afecta a otras concesiones gallegas.
La plataforma interpreta que esos porcentajes reflejan los kilómetros que las empresas dejaron de realizar durante 2024. A partir de esa lectura, cuestiona que se mantengan las compensaciones sin que, a su juicio, se depuren las responsabilidades derivadas de los incumplimientos. La orden, por sí sola, no establece que todos esos porcentajes constituyan incumplimientos contractuales declarados ni acredita que se haya iniciado un procedimiento de resolución de la concesión.
La plataforma reclama explicaciones a los alcaldes
En su escrito, la entidad se dirige a los responsables municipales de los ayuntamientos integrados en la ATM de Ferrolterra (Ferrol, Narón, Fene, Neda, Ares, Mugardos, Valdoviño, Cedeira, Pontedeume, Cabanas y Miño).
El colectivo plantea también una cuestión sobre el acceso a la información: pregunta si los ayuntamientos reciben datos que les permitan comprobar si las empresas cumplen la oferta de transporte recogida en los contratos de la Xunta.
La plataforma sostiene que la Dirección General de Movilidad dispone desde hace años de información en tiempo real sobre la posición de los autobuses de las concesiones administrativas. En su comunicación, compara esa situación con la de otras comunidades autónomas y con ciudades como A Coruña y Vigo, donde asegura que existen herramientas para consultar esta información.
A partir de ahí, reclama mayor transparencia sobre el funcionamiento real de las líneas y sobre los mecanismos de control de las concesiones. Su propuesta es que los alcaldes trasladen formalmente a la directora general de Movilidad una pregunta concreta: por qué no se han resuelto los contratos de aquellas concesiones que, según la documentación y la interpretación de la plataforma, no estarían cumpliendo sus obligaciones.
La entidad considera que los ayuntamientos deben asumir un papel activo en la defensa de los intereses de sus vecinos y no limitarse a trasladar las quejas de los usuarios. También cuestiona que las administraciones locales tengan que afrontar las consecuencias de un servicio que depende de la gestión y supervisión autonómicas.
Los contratos prevén penalizaciones por incumplimientos graves
La plataforma fundamenta parte de sus críticas en las cláusulas de los contratos concesionales. En la documentación que remite a los alcaldes reproduce apartados del pliego que regulan los incumplimientos muy graves y sus consecuencias económicas.
Según esos apartados, la falta de acreditación de la prestación de servicios identificados como obligaciones de servicio público puede constituir un incumplimiento muy grave cuando supera determinados umbrales. El pliego contempla penalizaciones de entre 10.000 y 60.000 euros para algunos de esos supuestos.
El documento también recoge causas de resolución contractual vinculadas a la falta de prestación del servicio. Entre ellas figura no acreditar durante un mes la realización de más del 10 % del volumen mensual teórico de los servicios obligatorios, así como no acreditar durante tres meses consecutivos la prestación de más del 5 % de ese volumen.
La plataforma interpreta estas disposiciones como una obligación de actuar por parte de la Xunta cuando se dan las condiciones previstas en los contratos. Por ello, reclama que la Administración explique qué controles ha realizado, qué incumplimientos ha constatado y qué medidas ha adoptado ante las deficiencias denunciadas.
No obstante, los porcentajes incluidos en la orden de compensaciones no permiten concluir por sí solos que se hayan acreditado los supuestos contractuales necesarios para resolver una concesión. Para determinarlo sería preciso conocer los datos de ejecución de cada servicio, los expedientes de inspección y las actuaciones administrativas correspondientes.
En su escrito, el colectivo llega a plantear posibles responsabilidades penales por la gestión de estas ayudas y por la actuación de responsables autonómicos. Se trata de una acusación formulada por la plataforma, no de una responsabilidad declarada judicialmente en la documentación aportada.
Un conflicto que se suma a las quejas por el servicio diario
La controversia administrativa se suma a los problemas que los usuarios vienen denunciando en Ferrolterra en las últimas semanas.
El regreso a las aulas volvió a poner de manifiesto las dificultades para acceder a determinadas conexiones, con autobuses que completan su capacidad antes de llegar a todas las paradas, retrasos y reclamaciones por la insuficiencia de algunas frecuencias. El Ayuntamiento de Fene solicitó una reunión con la Dirección General de Movilidad para trasladar estas deficiencias y reclamar medidas que permitan adaptar la oferta a la demanda.
La Plataforma por un Transporte Digno también convocó una movilización en Ferrol el 18 de septiembre para reclamar mejoras en el transporte público de la comarca. La concentración reunió a cientos de personas ante el edificio de la Xunta y sirvió para visibilizar las quejas relacionadas tanto con los autobuses como con las conexiones ferroviarias.
Posteriormente, el colectivo cuestionó la respuesta del Gobierno local de Ferrol ante el problema y reclamó una actuación más decidida de los responsables municipales. La plataforma defiende que las incidencias no pueden abordarse únicamente mediante refuerzos puntuales o inspecciones aisladas, sino que requieren una revisión de las deficiencias estructurales del sistema.
La reclamación apunta a la Xunta y a los ayuntamientos
Con esta nueva comunicación, la plataforma trata de trasladar el debate desde las incidencias concretas que sufren los viajeros hasta los mecanismos de control y las obligaciones de las empresas concesionarias.
Su petición a los alcaldes es que utilicen su representación institucional para exigir información a la Xunta, conocer el grado de cumplimiento de los contratos y reclamar medidas cuando se acrediten irregularidades. El colectivo pone el acento en la necesidad de que la ciudadanía pueda conocer si los servicios contratados se están prestando en las condiciones previstas.
La cuestión de fondo es si las compensaciones extraordinarias por el aumento de los costes están acompañadas de un control suficiente de la calidad y de la ejecución del servicio. La orden autonómica regula las ayudas económicas, mientras que la plataforma reclama que se esclarezca cómo se supervisan las obligaciones de transporte y qué consecuencias tienen sus eventuales incumplimientos.
Por el momento, la documentación facilitada por el colectivo no incluye una respuesta de la Dirección General de Movilidad a las preguntas que plantea ni acredita que los alcaldes hayan formalizado una petición conjunta. La reclamación abre así un nuevo frente de presión política en torno a un servicio del que dependen diariamente estudiantes, trabajadores y otros usuarios de Ferrolterra para sus desplazamientos.