La Valedora do Pobo admite a trámite la queja de CIG por la situación de la pediatría itinerante en el sur de Lugo
La Valedora do Pobo ha admitido a trámite la reclamación presentada por CIG-Saúde Monforte sobre la situación del servicio de Pediatría Itinerante en la zona sur de la provincia de Lugo, una problemática que afecta a menores de varios municipios y sobre la que ya se han iniciado actuaciones ante el Sergas.
La queja, registrada el pasado 10 de junio, denuncia las dificultades asistenciales generadas tras la ausencia de la pediatra responsable del servicio desde finales de mayo. Según expone el sindicato, la situación repercute en la atención sanitaria de niños y niñas de los municipios de O Saviñao, Bóveda, A Pobra do Brollón, Ribas de Sil, Quiroga y Folgoso do Courel, un área que suma más de 1.000 menores de 15 años.
Desde CIG-Saúde señalan que la reorganización temporal aplicada por la Dirección de Atención Primaria de Lugo consistió en centralizar las consultas pediátricas en otros centros, principalmente en Chantada, mediante ampliaciones de jornada y consultas extraordinarias.
El sindicato considera que esta medida obliga a numerosas familias a desplazamientos de larga distancia para acceder a la atención pediátrica. En algunos casos, indican, los recorridos pueden superar los 80 o incluso los 100 kilómetros entre ida y vuelta, especialmente para usuarios procedentes de zonas como O Courel.
La organización sindical recuerda además que la situación afecta especialmente a menores que precisan seguimientos periódicos durante los primeros meses de vida, como revisiones pediátricas o controles vinculados al calendario vacunal.
Tras admitir la reclamación, la Valedora do Pobo comunicó el inicio de actuaciones ante la Consellería de Sanidade. En la notificación remitida a CIG-Saúde se indica que el organismo autonómico dispone de un plazo de quince días para remitir información sobre los hechos denunciados y las circunstancias que motivaron la queja.
Desde el sindicato consideran que la situación supone una posible "vulneración del derecho a la salud y a la equidad" de los menores afectados y reclaman una solución estable que garantice una atención pediátrica adecuada en el territorio.