SATSE reclama el traspaso de la sanidad penitenciaria para mejorar la asistencia y las condiciones del personal
El Sindicato de Enfermería SATSE reclama al Gobierno y a las comunidades autónomas que culminen cuanto antes el traspaso de la sanidad penitenciaria, con el objetivo de mejorar la atención sanitaria en las prisiones y las condiciones laborales de las enfermeras y del resto de profesionales sanitarios que trabajan en estos centros.
El sindicato recuerda que han transcurrido ya más de 23 años desde que la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) estableció que los servicios dependientes de Instituciones Penitenciarias debían ser transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. Por ahora, esta transferencia solo se ha hecho efectiva en Cataluña, Euskadi y Navarra.
SATSE denuncia que ninguna de las administraciones responsables de cumplir esta ley mostró, a su juicio, una voluntad real de alcanzar un acuerdo. Según explica la organización, durante años las distintas administraciones "se han pasado la pelota de un tejado al otro", aludiendo a las diferencias sobre la cuantía económica que debería acompañar al traspaso.
El sindicato advierte de que el mantenimiento de la situación actual compromete la asistencia sanitaria y mantiene unas condiciones laborales precarias para los profesionales que trabajan en los centros penitenciarios, una situación que, asegura, empeora año tras año y que constituye una de las principales causas por las que estos profesionales no quieren trabajar en este ámbito.
Entre los problemas señalados por SATSE figura el déficit de personal de enfermería y medicina en los centros penitenciarios, que se ha incrementado en los últimos años. La organización recuerda que la última convocatoria del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias realizada por el Ministerio del Interior, a finales del pasado año, incluyó 39 plazas, una cifra que considera totalmente insuficiente.
Según datos oficiales citados por el sindicato, la población reclusa supera las 62.000 personas en España, mientras que hay menos de 600 enfermeras trabajando en los centros penitenciarios. Esto supone, según SATSE, que cada profesional tiene una media de más de 100 personas a las que atender durante su jornada laboral.
A esta sobrecarga se añade, según la organización sindical, la dificultad e incluso la imposibilidad en determinadas ocasiones de cubrir bajas, jubilaciones o vacaciones del personal. SATSE afirma además que las enfermeras se ven obligadas a realizar funciones que no son de su competencia y a trabajar en entornos de elevada exigencia asistencial, con riesgos para su seguridad y para su salud física y psicológica.
Ante esta situación, el sindicato insiste en la necesidad de que el traspaso de la sanidad penitenciaria se realice sin más demora y reclama que vaya acompañado de la dotación económica necesaria para mejorar tanto la atención sanitaria de las personas privadas de libertad como las condiciones laborales de las enfermeras y del resto del personal sanitario.
SATSE también pide que, una vez formalizado el traspaso, el personal sea equiparado salarial y laboralmente al personal estatutario del servicio de salud correspondiente. Además, reclama que, a partir de ese momento, sus condiciones y derechos laborales sean acordados en los mismos ámbitos y mesas de negociación que los del resto de los profesionales sanitarios.
SATSE considera que el retraso en el traspaso de la sanidad penitenciaria evidencia las dificultades de las administraciones y de los partidos para alcanzar acuerdos que, según el sindicato, permitan priorizar el interés general. La organización concluye que el incumplimiento de estos compromisos acaba teniendo consecuencias tanto para los profesionales sanitarios como para la ciudadanía.