Vía libre a la querella de Inés Rey tras finalizar sin acuerdo el acto de conciliación con Miguel Lorenzo
El choque político y judicial entre el Gobierno Local de A Coruña y la oposición del Partido Popular ha sumado un nuevo capítulo definitivo. Este lunes se celebró en el Juzgado de Instancia número 12 de la ciudad el acto de conciliación previo a la querella por presuntas injurias y calumnias anunciada por la alcaldesa, Inés Rey, contra el portavoz popular, Miguel Lorenzo. La cita concluyó sin avenencia, dejando vía libre a la regidora para continuar con el proceso penal.
El conflicto se remonta al cruce de acusaciones derivado de la polémica por las obras sin licencia en unos pisos propiedad del portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, un caso penal que fue archivado en su día por la Fiscalía. Lorenzo acusó públicamente al Ejecutivo de haber citado en la planta noble de María Pita a tres funcionarias para 'acosarlas verbalmente' tras haber remitido documentación judicial sobre este expediente.
En su comparecencia de hoy, a la que la alcaldesa no acudió presencialmente al estar representada por su procurador, Miguel Lorenzo se negó a retractarse. El líder del PP aseguró que mantiene 'todo lo que dijo' y que no se va a 'callar'. Además, avanzó que, si la querella sigue adelante, demostrará la veracidad de sus palabras en sede judicial mediante pruebas documentales, correos de los sindicatos y solicitando la declaración testifical de los propios funcionarios afectados.
Por su parte, desde el entorno del Gobierno Local y el propio Ayuntamiento siempre se ha negado de forma tajante cualquier tipo de presión o persecución a los trabajadores del Concello, tildando las afirmaciones de Lorenzo como 'radicalmente falsas' y constitutivas de difamación. Fuentes municipales defendieron en su momento que únicamente se abrió un cauce interno de 'información reservada' para esclarecer posibles malas prácticas o irregularidades en el envío de la citada documentación, pero rechazando con rotundidad que se haya amedrentados a los empleados públicos. Tras el desencuentro de hoy en el juzgado, la resolución de este enfrentamiento queda ahora en manos de los tribunales.