Un grupo de organizaciones sociales, ecologistas, agrarias y sindicales, entre las que se encuentra el Sindicato Labrego Galego, inicia una campaña de rechazo a la primera revisión del Plan Forestal de Galicia ( PFG), que se comenzará a debatir en el Parlamento Gallego el próximo 23 de febrero.
La primera de las acciones para intentar frenar el texto que se debatirá para su aprobación tuvo lugar la semana pasada, en la misma sede del Parlamento, donde una representación de los colectivos mantuvo un encuentro con el Grupo Parlamentario del Partido Popular para presentarles un decálogo de razones por las que esta revisión del PFG no debería ser aprobada. De hecho, lejos de llegar a un acuerdo, se concretaron más reuniones, en esta ocasión con el resto de grupos políticos, que también manifestaron su negativa ante el Plan.
La representación de la frente social le expuso al Partido Popular sus quejas sobre el proceso de participación inexistente que precedió el debate parlamentario de esta revisión del PFG. En este sentido, recordaron que la única exposición pública de la revisión del PFG fue hace tres años, en 2018, y de un texto distinto a lo que llega ahora al Parlamento de Galicia.
En el encuentro, se les hizo entrega de los alegatos que se hicieron al Plan Forestal por parte de setenta organizaciones sociales en 2018 y el texto del Manifiesto por un Monte Gallego con Futuro de 2019. A mayores, también se les expuso el contenido del decálogo en el que se enumeran las razones por las que rechazan en su integridad a primera revisión del Plan Forestal que pretende aprobar el Partido Popular en el Parlamento de Galicia. Según explican, este texto hace una diagnosis ficticia de la situación del monte gallego y de un inventario forestal irreal y desfasado con datos del 2009.
Por otro lado, aseguran que carece de consenso social ya que en su tramitación no se vieron representados todos los agentes sociales vinculados al monte y al medio rural. Añaden también que esta ley “responde únicamente a intereses productivistas y de carácter privado, dejando de lado el interés público y general, y la ordenación de los usos del monte en manos de las empresas madereras y forestales”.
Indican que fomenta el monocultivo y el aumento de especies pirófilas e invasoras hasta alcanzar 1,4 millones de hectáreas de pinos y eucaliptos en 2040, y el aumento de 3 millones de m3 de talas anuales de madera de bajo valor añadido hasta alcanzar los 12 millones de m3 de talas/año. En esta línea aumenta aún más la superficie ocupada por eucalipto Y. Nitens.
Asimismo considera este grupo heterodoxo que promueve la forestación de tierras agrarias, al dejar en manos de empresas madereras y forestales más de 150.000 hectáreas de estos terrenos y favorece la ” la vulnerabilidad del monte gallego frente al cambio climático” así como la “proliferación e intensificación de los fuegos forestales y la privatización de la lucha contra los incendios”.
Aseguran que no formula soluciones para las causas estructurales de los incendios y sigue primando la inversión en la extinción frente a prevención. Para este colectivo otro de los errores del plan es que “agrava la situación de abandono y desertización del rural gallego, impidiendo el desarrollo de un monte multifuncional que genere riqueza y recursos diversos para las personas que viven y trabajan en el rural. Descarta una vez más la oportunidad de apostar por un modelo de montes sustentable, por la madera de calidad y por el cierre de los ciclos productivos de los distintos aprovechamientos del monte”.
Finalmente, creen que este nuevo sistema alienta la desaparición de los montes vecinales al contado común, “favoreciendo su privatización y la eliminación del carácter germánico de la titularidad vecinal. Propone la revisión de la condición de vecino/a comunero/a, de dotar las mancomunidades de montes de personalidad jurídica, y que las comunidades de montes tributen en el impuesto sobre sociedades, como si fueran empresas mercantiles”.
