El Partido Popular alerta de que el Concello de Lugo “desmanteló” el departamento de Inspección de Tributos, pasándolo de 6 a 2 trabajadores desde diciembre, y lo achacan a la intención de “privatizar” el servicio.
El portavoz de los populares en el Concello de Lugo, Antonio Ameijide, asegura que esa decisión se plasma en los propios presupuestos municipales ya que “mientras que en las cuentas de 2020 figuraba un epígrafe sobre gestión del sistema tributario por un importe de 1.385.137,18 € para trabajos realizados por empresas, en el año 2021 aparece este mismo epígrafe con una cuantía de 1.396.896 € y, a mayores, se reserva otra partida de 405.000 € para trabajos realizados por empresas en materia de tributos”.
Ameijide añade que “esta maniobra es vox populi en la casa”, asegurando que “la propia concelleira de gobernanza reconoció a trabajadores municipales esta trama encaminada a privatizar otro servicio público más”.
El Partido Popular muestra su disconformidad ante la supuesta privatización de este servicio, “en el que trabajadores de empresas privadas tienen acceso a datos de ciudadanos al trabajar con información municipal”. Estiman que se trata de información “muy sensible” que debería estar únicamente en manos de trabajadores públicos.
Para los populares, la privatización de Inspección de tributos es una práctica “más que cuestionable” y, de hecho, recuerdan que hay sentencias en el País Vasco que fallan en contra de esta práctica por considerar que “es disconforme a derecho”. Por otro lado, niegan argumentos como que el trabajo de la firma privada sea una tarea que esta vaya a acometer “en colaboración con el personal municipal cuando implique ejercicio de autoridad”, tal y como requiere la inspección tributaria, pues tal condición sólo es atribuible “a los funcionarios que desempeñan el trabajo de inspectores”.
Otro de los argumentos que, dicen, maneja la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Vasco es el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público que dice “el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca”.
Edificio de servicios administrativos del Concello de Lugo
