En el mes de enero el TSXG ratificó la negativa ante el recurso que Erimsa presentó para obtener las licencias
La Comisión Contra las Minas en la Terra Chá continúa luchando para frenar a la multinacional china de Explotaciones de Rocas Industriales y Minerales SA (Erimsa). El pasado mes de enero, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificó la negativa a los proyectos de extracción de cuarzo en la Terra Chá por parte de la multinacional. Estas sentencias fueron dictadas tralos recursos presentados por Erimsa después de que en enero del 2020 el Juzgado del Contencioso-Administrativo nº 1 de Lugo ya había desestimado las pretensiones de la Empresa. Como explica Margarita Ledo Andión –integrante del Sindicato Labrador Gallego, una de las asociaciones más activas de la Comisión Contra las Minas en la Terra Chá–, “la empresa pretendía que le habían reabierto el caso y lo que le dice ahora el juzgado es que no se puede hacer”.
La multinacional había presentado dichos litigios al Ayuntamiento de Cospeito para reactivar el procedimiento que había iniciado en 2008 –ya caducado– y obtener las licencias para comenzar su actividad en el territorio cospeitense. Sin embargo, la empresa continuaba a día de hoy sin contar con los informes sectoriales favorables de los diversos departamentos pertinentes de la Xunta de Galicia. La nueva sentencia recalca que es incuestionable que el expediente de autorización autonómica finalizó en una resolución firme desestimatoria y, además, que le impone las costas del litigio a la empresa minera.
EL TRABAJO DE LA COMISIÓN
El origen de estos hechos se remonta al año 2006, cuando el Diario Oficial de Galicia hace públicas tres concesiones mineras para la extracción de guijarro, a favor de la multinacional Erimsa, sobre 6000 hectáreas en los ayuntamientos de Cospeito, Castro de Rei, A Pastoriza, Vilalba, Abadín y Riotorto.
Ante las consecuencias negativas que podría traer consigo esta extracción minera, se creó la Comisión Contra Las Minas de la Terra Chá, con el fin de paralizar cualquier actividad extractora que había podido alterar la capacidad agronómica de @dito ayuntamientos lucenses y su rico patrimonio cultural y natural. Carlos Montero, integrante de la mencionada organización, explica que “debajo de la Terra Chá hay una capa de guijarro que une todolos ríos de la comarca e impide que se produzcan inundaciones en invierno, al tiempo que humedece los campos en verano. ES una zona muy válida para el cultivo y la hierba”. Una realidad recogida en muchos trabajos de catedráticos de la USC como Francisco Díaz-Fierros en los que se deja entrever la peligrosidad del impacto ambiental de los proyectos de Erimsa, pues, como apunta la comisión “toda la economía de la Terra Chá depende indirecta o directamente del suelo. Se sacan el guijarro destruyen la vida de la comarca”.
Esta entidad, conformada por colectivos agroganaderos, comunidades de regantes, agrupaciones deportivas, culturales y vecinales, además de representantes políticos de todos los partidos, se conforma ahora por un total de 26 asociaciones. Desde su estructuración se pusieron manos a obra informando al vecindario de la gravedad de la situación, organizando manifestaciones y actos públicos reivindicativos y llevando a cabo un intenso trabajo jurídico tralo que siguen luchando a día de hoy. “Presentamos la cada uno de los proyectos más de 2.000 alegatos de distinta gente a la que les afectaba la situación económica y éticamente”, apunta Carlos Montero.
En el 2008, dos años después de la publicación de las concesiones y de la creación de la Comisión, la empresa minera solicitó las licencias urbanísticas y de actividad a los ayuntamientos de Cospeito, Castro de Rei y A Pastoriza, las cales no contestaron a la petición. La multinacional entendió el silencio administrativo como una concesión de las licencias.
Teniendo en cuenta la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural, la Comisión Contra Las Minas hizo una instancia afirmando que no cabía entender el dicho silencio de los Ayuntamientos como una licencia. Erimsa respondió presentando un recurso en el juzgado de Lugo y demandando a los Ayuntamientos pertinentes.
En 2016 se denegaron las licencias municipales para las concesiones de los terrenos Alicia y Karles en Castro de Rei y Cospeito, después de que ya se había denegado la autorización autonómica. La nueva sentencia del TSXG en este comienzo del 2021 ratifica la negativa ante la reapertura del caso para poder iniciar su actividad, pero aún quedan por cerrarse varios recursos, Margarita Contento comenta que “hay varios contenciosos pendientes, a los que los sindicatos fuimos llamados a acudir y ya están vistos para sentencia”.
El que busca ahora mismo la Comisión es que se declaren las caducidades de las concesiones ya que, como explica Margarita, “duran 30 años, pero si no se inicia la actividad en un período de un año deberían comenzar los trámites para desestimarlas, pero no se hace”. Mientras la empresa aún tenga en vigor las concesiones se mantiene la posibilidad de la extracción, como comenta la integrante del Sindicato Labrador Gallego, “la normativa del suelo cambia casi cada año y Erimsa está esperando la que le salga una oportunidad que le permita comenzar su actividad y no lo podemos permitir”.
Los Ayuntamientos también muestran su negativa ante los proyectos de Erimsa
En el año 2019 los máximos representantes de las administraciones publicas de Abadín, Castro, A Pastoriza y Cospeito, se reunieron con la Comisión Contra Las Minas de la Terra Chá para expresar su disconformidad ante los proyectos de Erimsa.
Los alcaldes explicaron su negativa ante la explotación del guijarro, argumentando que el impacto que causaría el ejercicio de la multinacional podría tener graves consecuencias en la capacidad agronómica de los prados, puesto que estos terrenos correrían el riesgo de ser deteriorados sin posibilidad de reponerlos a su uso natural.
Añadieron, además, que su trabajo se basaba en el impulso de políticas que habían estimulado un mayor acceso de la base territorial de las explotaciones de sus localidades para favorecer la rentabilidad del sector ganadero de la Terra Chá. A día de hoy, Primitivo Iglesias, alcalde de A Pastoriza, expresa que sigue manteniendo la misma postura ante dicha situación y que la última sentencia le causó “satisfacción”, puesto que los regentes tienen “que mirar por los intereses de los vecinos y vecinas, y A Pastoriza vive de las explotaciones agroganaderas”. Iglesias afirma que en cuanto se tenga la ocasión se volverán a reunir para seguir estudiando el avance de la situación.
