El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, la diputada de Régimen Interior, Promoción del Territorio y Turismo, Pilar García Puerto, y demás liquidadores de Sociedad Urbanística Provincial (Suplusa), participaron este martes en la firma de la escritura pública de la extinción de Suplusa ante Notaria, en un acto que tuvo lugar en la Sala de Juntas del Pazo de San Marcos.
Este es el último paso para formalización de la extinción de la sociedad, después de que había sido sometida la exposición pública y no se habían registrado alegatos. La Comisión Liquidadora, formada por representantes de los tres grupos políticos con representación en la institución, finalizaron el proceso de liquidación en un tiempo récord, de un año y dos meses. Y, después, el Pleno de la Diputación de Lugo celebrado de forma extraordinaria el 30 de noviembre, adoptó la decisión de extinguir Suplusa.
Un proceso que garantiza el compromiso hecho por la institución provincial de mantener todos y cada uno de los puestos de trabajo de las personas que trabajaban en Suplusa y de proteger sus derechos laborales. Asimismo, al eliminar el último ente instrumental que quedaba en la Diputación, se ve cumplido un acuerdo recogido en el pacto de gobierno del PSdG y el BNG, que hará a la administración más eficaz y útil para la ciudadanía, ganando más control de los fondos públicos y más transparencia.
Efectos de la extinción de Suplusa para la Diputación
La Diputación se hace cargo de los bienes inmuebles de Suplusa, con un valor de tasación que asciende a los 24,3 M€. Entre ellos, se encuentran terrenos, parcelas, edificios, naves, maquinaria, medios auxiliares y vehículos, entre otros.
Igualmente, la Diputación asume la gestión de los polígonos industriales en los diferentes puntos en los que se encuentran cada uno de ellos. La gestión de los polígonos es el único servicio que ofrecía ya Suplusa, después de que en el año 2018 se le retirara lo de gestión de los Centros de Atención a Mayores y, la finales del año pasado, se decidiera encargar a la empresa pública Tragsa, como medio propio de la institución, el mantenimiento y conservación de zonas verdes.
PARTIDO POPULAR EN CONTRA
Para el Partido Popupar la desaparición de la sociedad lleva aparejada la paralización de los proyectos de creación de suelo industrial en la provincia, “incumpliendo así los compromisos establecidos, vía convenio, con los ayuntamientos; suelo industrial reclamado en reiteradas ocasiones por el grupo provincial del PP y por los alcaldes de la provincia. ES necesario atender esos compromisos, porque Lugo precisa suelo industrial”, dicen los populares.
El diputado José Antonio García pone también de manifiesto el incumplimiento de los compromisos adquiridos con los ex trabajadores de Suplusa. “Hay que recordar que este asunto está pendiente de resolver en vía judicial, dado que los trabajadores, que se sintieron traicionados por el presidente de la Diputación, el ex sindicalista José Tomé, tuvieron que acudir la esta vía en defensa de sus derechos. No es menos grabe la discriminación y agravio comparativa a los que el gobierno provincial sometió a los trabajadores, ya que algunos forman parte del plantel de la Diputación y otros no, como es el caso de los de mantenimiento de las zonas verdes, que están ahora en Tragsa”.
El mismo diputado popular señaló que la extinción de Suplusa supuso más contratos para Tragsa, de forma abusiva, de modo que se incrementan los costes para los lucenses. García señaló: “Contrariamente a lo que aseguraba el gobierno provincial, la disolución de Suplusa no adelgazó a la administración, sino que la engordó, y como ejemplo está la facturación de Tragsa en los dos últimos años. Está aún sin justificar el uso, presuntamente irregular, que hizo esta empresa pública de los bienes de Suplusa, sin autorización de la sociedad”.
