Los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular mantuvieron varias reuniones con representantes de colectivos afectados directamente por la crisis en urbanismo, como la Apec o los colegios oficiales de arquitectos y aparejadores, contactos en los que los concejales populares encontraron varios problemas comunes a los que es preciso poner freno de manera inmediato.
Antonio Ameijide explica que el primero de ellos es mejorar la organización del área de urbanismo. “No sabemos si el mejor es reestructurar o tomar otra serie de medidas, pero es imprescindible hacer algo para poder desatascar la situación, algo para lo cual pedimos una auditoría externa e independiente”, señaló.
Los populares defienden que hay un problema con la concesión de licencias. Desde el Grupo Municipal Popular ya se hizo público que los 90 días de plazo legal que marca la ley para la resolución de una petición de licencia son una “quimera” con el Ayuntamiento de Lugo ya que la media se sitúa en los 330 días en el área urbano y en los 757 días en las parroquias del rural.
Según los populares, esta situación está provocando una clara “paralización de la economía” en el municipio, ya que pese a los elevados retrasos en la tramitación de licencias, las que se aprobaron supusieron un volumen de negocio directo de unos 30 M€, por lo que se preguntan en que situación económica podría estar Lugo “si la tramitación de licencias se agilizara y se ajustara a los plazos legales estipulados”.
En estas reuniones, Ameijide explicó que se pedirá al secretario municipal un informe sobre las nuevas funciones que la alcaldesa de Lugo asignó al interventor en materia de urbanismo. “Queremos un pronunciamiento técnico que clarifique se existen incompatibilidades con las nuevas atribuciones que asumió el interventor con respeto a las que tiene como funcionario habilitado nacional”, afirmó.
