ADEGA acusa a la Xunta de llevar 26 años aplazando la declaración de zonas vulnerables a nitratos

La entidad señala que la Directiva europea de Nitratos, aprobada en 1991, obliga a las administraciones a identificar las masas de agua afectadas por la contaminación agraria
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22 Jul 2026

La Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (ADEGA) denunció que la Xunta continúa sin declarar zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, a pesar de las obligaciones establecidas por la normativa europea y estatal desde hace más de dos décadas. La entidad ecologista asegura que el Gobierno gallego acumula "26 años de demora" en la adopción de estas medidas y critica que, mientras tanto, esté promoviendo proyectos de biogás y biometano que califica de "falsa solución" al problema.

La organización recuerda que a comienzos de este mes de julio la Xunta abrió de nuevo una consulta pública sobre un proyecto de decreto destinado a reducir la contaminación por nitratos, una iniciativa que ya había sido presentada en 2025 sin llegar a materializarse en una norma definitiva. Según ADEGA, esta situación evidencia una política continuada de aplazamiento y falta de actuación frente a un problema ambiental que considera de especial gravedad.

La entidad señala que la Directiva europea de Nitratos, aprobada en 1991, obliga a las administraciones a identificar las masas de agua afectadas por la contaminación agraria, declarar las correspondientes zonas vulnerables y aplicar programas específicos para reducir el impacto de los nitratos. Posteriormente, el Real Decreto 47/2022 endureció los requisitos de control y dio a las comunidades autónomas un plazo de tres años para delimitar estas áreas.

Sin embargo, ADEGA asegura que Galicia sigue sin contar oficialmente con ninguna zona vulnerable declarada. La organización recuerda que ya en el año 2000 la Xunta había concluido que no existían áreas que requiriesen esta consideración, una posición que, a su juicio, se mantuvo a pesar de la existencia de problemas de eutrofización y contaminación detectados en espacios como A Limia, el embalse de As Conchas o el de Caldas.

Según los ecologistas, la Comisión Europea llegó a abrir un procedimiento sancionador contra España por la presencia de niveles significativos de eutrofización en varios puntos de las cuencas internas gallegas. ADEGA sostiene que, a pesar de estas advertencias, la Administración autonómica continuó sin adoptar medidas efectivas y se limitó a argumentar que estaba "trabajando en ello".

La organización también cuestiona que la Xunta volviese a someter a consulta pública este año un proyecto de decreto similar al presentado en 2025, cuando entonces ya se identificaban siete posibles zonas vulnerables. Para ADEGA, la decisión responde a la intención de "verificar que la contaminación por nitratos se debe fundamentalmente a fuentes agrarias" y evitar así el coste político de introducir restricciones a las explotaciones ganaderas intensivas.

En el comunicado, la asociación muestra además su preocupación por el impulso que están recibiendo las plantas de biogás y biometano en Galicia. A juicio de ADEGA, estas instalaciones están concebidas principalmente para la producción de energía y no para resolver los problemas asociados a la gestión de los purines. La entidad sostiene que el proceso de digestión anaerobia no elimina el nitrógeno ni el fósforo presentes en los residuos ganaderos, por lo que considera que estas infraestructuras no solucionan la contaminación de las aguas por nitratos.

Frente a esta situación, ADEGA reclama a la Xunta que cumpla de inmediato con la normativa europea y proceda a la declaración de las zonas vulnerables, acompañándola de la puesta en marcha de programas específicos de actuación y códigos de buenas prácticas agrarias. También pide una moratoria para nuevas explotaciones ganaderas sin base territorial suficiente para gestionar sus residuos y demanda una planificación específica para el sector del biogás, incluyendo la suspensión temporal de la autorización de grandes plantas industriales mientras no exista una regulación autonómica que ordene su implantación.

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