ADEGA denuncia la falta de imparcialidad de la Xunta en los procesos judiciales sobre autorizaciones eólicas
ADEGA denuncia que la Xunta de Galicia externalizó de forma masiva la elaboración de informes ambientales destinados a los procedimientos judiciales relacionados con las autorizaciones eólicas. Según la organización ecologista, el Gobierno gallego adjudicó directamente a la empresa Atefor S.L., sin concurso público, un total de 321 contratos menores de servicios por un importe global de 265.534,50 euros.
En los procesos judiciales relativos a las autorizaciones eólicas, tanto en las piezas separadas de medidas cautelares como en los litigios principales, la Xunta aporta en su defensa informes firmados por personal funcionario que ocupa puestos de libre designación, amparándose en su presunción de imparcialidad. ADEGA, que es parte demandante en más de 30 procedimientos de impugnación de autorizaciones eólicas, señala también que la Administración gallega suele incorporar otros informes periciales elaborados por Atefor S.L. con el objetivo de rebatir los informes técnicos presentados por las entidades demandantes.
Los vínculos de Atefor S.L. con la patronal eólica
ADEGA explica que Atefor S.L. es una empresa domiciliada en Madrid cuyo único socio es Cubas de Don Luis S.L., una sociedad dedicada al arrendamiento de bienes inmobiliarios. La consultora elaboró el documento de inicio ambiental del parque eólico Afrende, de tramitación estatal, proyectado en los municipios de A Estrada, Silleda y Forcarei y promovido por Volantis Renovables, propiedad de Tasga Eólica S.L.
El consejero delegado de esta última empresa es Juan Jesús Berzosa Aránguez, vocal de la Asociación Eólica de Galicia. Además, el proyecto Afrende comparte infraestructuras de evacuación y punto de conexión con otros parques eólicos, como Outeiro Grande y Monte Festeiros, recurridos por ADEGA ante los tribunales y para los que la Xunta contrató informes periciales a Atefor S.L.
La organización ecologista considera que estos datos evidencian que la empresa beneficiaria de las adjudicaciones directas no solo trabajó para compañías vinculadas a la Asociación Eólica de Galicia, sino que también elaboró informes periciales para la Xunta sobre proyectos relacionados con encargos previos de la patronal, para los que había redactado el documento ambiental de inicio.
Para ADEGA, esta situación vuelve a poner de manifiesto la coincidencia entre los intereses del sector eólico y los de la Xunta, que, según denuncia, asume como propios los argumentos de la patronal. La entidad critica el desprecio a la imparcialidad administrativa y cuestiona que la defensa del Gobierno gallego en los tribunales se apoye tanto en informes firmados por personal funcionario de libre designación como en documentos elaborados por una empresa que también presta servicios al sector eólico.
ADEGA alerta de una Administración paralela y privatizada
La organización recuerda que recientemente se conoció que el Ejecutivo gallego externalizó en otras dos consultoras, la UTE SGS Tecnos SAU y Acivro Consultoría de Medioambiente S.L., el seguimiento y la evaluación de las autorizaciones ambientales integradas (AAI) vigentes de proyectos industriales con un importante impacto ambiental sobre el territorio. ADEGA señala que ambas empresas también trabajan para el sector energético y la patronal eólica.
A juicio de la entidad, la Xunta está externalizando de manera deliberada y opaca, y con una legalidad que considera dudosa, tareas de evaluación, seguimiento y control ambiental de proyectos industriales. Denuncia que estas contrataciones suponen asumir funciones que deberían corresponder al personal funcionario público, que debe actuar con objetividad e imparcialidad.
En este sentido, ADEGA recuerda la sentencia 00094/2025 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que adquirió firmeza al no ser recurrida por la Xunta. La resolución, dictada a raíz de una demanda presentada por la CIG, anuló varios artículos del Decreto 102/2023, de 15 de junio, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental.
La organización califica de «escandaloso» este modo de proceder del Gobierno de Alfonso Rueda, porque considera que, en la práctica, está dando lugar a una Administración privatizada y paralela, ajena al conocimiento de la ciudadanía y orientada a defender intereses privados en lugar del interés general y la protección del medio ambiente.
ADEGA también recupera las declaraciones de la exconselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, realizadas tanto en el Parlamento de Galicia como en los medios de comunicación, en las que defendía que "son los técnicos de la Xunta los que determinan si los proyectos industriales, como el de Greenfiber (Altri) o los parques eólicos, son viables o no ambientalmente". La exresponsable autonómica también había reclamado que no existiesen "injerencias externas" en la evaluación de la viabilidad técnica de estos proyectos por parte del personal funcionario.
Para ADEGA, las declaraciones contrastan con la política de externalización que denuncia y ponen de manifiesto, a su juicio, una contradicción en la actuación del Gobierno gallego. La entidad considera que estas prácticas buscan confundir a la ciudadanía e influir en los procesos judiciales abiertos, y sostiene que evidencian el compromiso del actual Ejecutivo autonómico con los intereses privados y la falta de imparcialidad en las decisiones administrativas que afectan al medio ambiente.