ADEGA denuncia que Galicia afronta el período de máximo riesgo de incendios "con los deberes sin hacer"
La Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (ADEGA) considera que Galicia llega a la época de mayor riesgo de incendios forestales sin adoptar las medidas necesarias para afrontar una campaña marcada por las altas temperaturas y los efectos de la emergencia climática. La organización lamenta que, un año después de los grandes incendios registrados en el verano de 2025, apenas se hayan impulsado cambios en las políticas de prevención y gestión del territorio.
En un comunicado difundido este martes, ADEGA expresa también su solidaridad con las personas afectadas por los grandes incendios que están sufriendo distintas zonas de la Península Ibérica y Europa, al tiempo que reconoce la labor de las brigadas de extinción, a las que califica de fundamentales para hacer frente a una tarea "titánica" pese a la precariedad laboral que, según denuncia, continúa afectando al sector.
La entidad ecologista sostiene que los episodios extremos asociados al cambio climático, como las olas de calor, los incendios forestales, las lluvias torrenciales u otros fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes, evidencian la necesidad de desarrollar estrategias de adaptación a largo plazo. Además del impacto ambiental, recuerda que los incendios tienen graves consecuencias humanas, sociales y económicas, a las que se añaden posteriormente problemas derivados de las fuertes precipitaciones sobre terrenos quemados, con efectos sobre la erosión y el abastecimiento de agua.
ADEGA recuerda que Galicia vivió durante el pasado verano incendios de grandes dimensiones en municipios como Oímbra y Larouco, así como posteriores riadas que causaron importantes daños en comarcas como Valdeorras y Viana do Bolo. Sin embargo, considera que un año después apenas se perciben avances en las políticas públicas destinadas a la prevención de los incendios.
La organización afirma que la comunidad afronta una nueva campaña de incendios con temperaturas extremas y sin haber resuelto cuestiones básicas de prevención. Como ejemplo, cita la situación de A Mariña lucense, una de las principales zonas productoras de eucalipto, donde este mes de julio se registraron temperaturas de hasta 38 grados en municipios como Mondoñedo o O Valadouro, habituados tradicionalmente a condiciones climáticas más suaves, sin que, según denuncia, se hayan adoptado medidas extraordinarias.
ADEGA critica especialmente la actuación de la Xunta de Galicia en materia de prevención. A su juicio, la Administración autonómica no ha abordado con suficiente diligencia la gestión de la biomasa seca en los entornos de las viviendas y de las vías de evacuación, una actuación que considera prioritaria para reducir el riesgo para la población. La entidad recuerda que la propia Xunta reconoció, ya avanzado el mes de julio, que solo había actuado en aproximadamente el 30 % de las 276 Zonas de Alto Riesgo de Incendios (ZAR).
Según la organización, tanto la Xunta como los ayuntamientos están trasladando a la ciudadanía la responsabilidad de denunciar el estado de las parcelas que incumplen las obligaciones de conservación, en lugar de asumir directamente las tareas de inspección y control.
Otro de los aspectos que preocupa a ADEGA es la expansión de las plantaciones de eucalipto. La asociación sostiene que la vegetación autóctona y el paisaje tradicional en mosaico continúan siendo sustituidos por masas forestales de esta especie, incluso en las proximidades de las zonas habitadas, reduciendo así la capacidad del territorio para frenar la propagación de los incendios. La entidad advierte de que este modelo incrementa el riesgo de grandes incendios convectivos de sexta generación.
ADEGA asegura que desde la entrada en vigor de la moratoria del eucalipto en 2021 ha presentado cerca de 700 denuncias por plantaciones ilegales, de las que, según afirma, solo una pequeña parte ha llegado a resolverse. Para la organización, esta situación evidencia la falta de control por parte de la Administración autonómica sobre el cumplimiento de la normativa forestal.
Asimismo, critica que mientras se toleran plantaciones ilegales de especies pirófitas en terrenos agrícolas y ganaderos, se autoricen talas de bosques húmedos de frondosas para recuperar superficies agrarias, una práctica que, a su entender, aumenta la vulnerabilidad del territorio frente a los grandes incendios.
La entidad concluye que la prevención de los incendios forestales requiere medidas estructurales relacionadas con la ordenación del territorio, la revitalización del medio rural y una política forestal orientada a reducir el riesgo. En este sentido, acusa a la Xunta de mantener una estrategia de "dejar hacer" que califica de irresponsable en el actual contexto de emergencia climática y reclama una actuación más decidida para reducir la vulnerabilidad de Galicia frente a los grandes incendios.