Allegue apuesta por volver al acuerdo del Parlamento para permitir la transferencia de la AP-9
Allegue exige volver al acuerdo del Parlamento para permitir la viabilidad de la transferencia de la AP-9. La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, reivindicó hoy en el Pazo do Hórreo que “Galicia quiere la transferencia, pero sobre la base de la voluntad expresada en la Cámara, no a cualquier precio”.
Explicó que el texto propuesto como alternativa por el BNG y el PSdeG “deja fuera aspectos muy importantes que supondrían un enorme lastre para los gallegos”. Detalló que no prevé que el Estado asuma la supresión de la aplicación del incremento de tarifa del 1 % acumulativo anual, una carga “injusta” para los usuarios.
Lamentó que en el texto alternativo desaparece la obligación del Estado de asumir futuras actuaciones e inversiones en la AP-9; y además no aparece la dotación a Galicia de los medios económicos necesarios para ampliar las bonificaciones a usuarios recurrentes en el futuro.
Apuntó que “el texto elimina las obligaciones económicas del Estado en caso de nulidad de las prórrogas por parte de la UE”.
En este sentido, la conselleira reivindicó que “se deje el texto como estaba, como lo acordó esta Cámara”.
Además recordó que la transferencia de la AP-9 debe venir acompañada de los recursos económicos necesarios para su gestión y mantener todos los compromisos adquiridos, tal y como constaba en el acuerdo del Parlamento gallego que impulsó la Proposición de Ley Orgánica en el Congreso.
Detalló que de los 231 millones de euros que ingresó la concesionaria en 2025 por la AP-9, 145 millones procedieron de los usuarios y los restantes 86 millones del pago de bonificaciones del Estado, es decir, “un 63 % que pagan los usuarios frente a un 37 % de bonificación del Estado, que pagan los españoles”.
Hizo hincapié en que el traspaso de la AP-9 “es una reivindicación de país y no puede convertirse en un instrumento de negociación partidista, ni nacer de la improvisación, ni de un acuerdo cerrado, dando la espalda a la posición unánime de la Cámara gallega”.