Ana Miranda reclama a la Comisión Europea transparencia sobre el expediente de la prórroga de la AP-9
La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha reclamado a la Comisión Europea una mayor transparencia sobre el procedimiento de infracción abierto contra el Estado español por la prórroga de la concesión de la AP-9 hasta el año 2048. La petición llega después de que el Tribunal Supremo solicitase a la Comisión Europea el dictamen motivado en el que considera contraria a la normativa comunitaria la ampliación de la concesión de la autopista.
Miranda ha solicitado formalmente acceso a la información relativa a este expediente al considerar que se trata de un asunto de evidente interés público para la ciudadanía gallega. En concreto, demanda conocer tanto el contenido del dictamen motivado emitido por Bruselas como la respuesta remitida por el Gobierno español, en la que rechaza iniciar el procedimiento para anular la prórroga de la concesión.
La representante nacionalista destacó que el Tribunal Supremo acaba de consultar a la Comisión Europea sobre la posibilidad de hacer público el dictamen y considera que esta circunstancia refuerza la necesidad de garantizar el acceso a la documentación. Según explicó, el BNG lleva años reclamando información sobre este expediente y entiende que su difusión permitiría evaluar las consecuencias de la decisión para Galicia, especialmente en un momento en el que continúa el debate sobre la transferencia de la titularidad de la autopista.
La eurodiputada recordó que ya presentó solicitudes de información a la Comisión Europea en abril de 2024 y septiembre de 2025, además de una petición a través del portal de transparencia comunitario para acceder al expediente identificado como INFR(2021)4052. También trasladó esta cuestión a la Defensora del Pueblo Europea, Teresa Anjinho, en una reunión de trabajo en la que denunció la falta de acceso a la documentación.
Desde el BNG insisten en que la relevancia pública del caso hace necesario que los documentos sean accesibles. Ana Miranda defendió que la ciudadanía tiene derecho a conocer los detalles de un procedimiento que afecta a una de las principales infraestructuras de Galicia y reiteró la necesidad de que las instituciones europeas actúen con total transparencia.
El procedimiento de infracción fue abierto por la Comisión Europea en 2021 al considerar que la ampliación de la concesión de la AP-9 aprobada durante el Gobierno de José María Aznar podría incumplir la normativa europea en materia de contratación pública. Según el ejecutivo comunitario, la prórroga hasta 2048 se realizó sin convocar un nuevo procedimiento de licitación ni publicar los correspondientes anuncios previos.
La Comisión Europea comunicó el pasado 17 de julio que el Estado español incumplió las normas comunitarias aplicables a las concesiones de autopistas y concedió un plazo de dos meses para adoptar las medidas necesarias para corregir las irregularidades detectadas.
El BNG vincula esta cuestión con el proceso de transferencia de la AP-9 a Galicia. La formación recuerda que la autorización para esa transferencia fue impulsada por las iniciativas del diputado Néstor Rego y de la senadora Carme da Silva en las Cortes Generales, al tiempo que critica la postura de la Xunta de Galicia, presidida por Alfonso Rueda, por mostrar reservas respecto a esa posibilidad.