Aprobado el proyecto de la nueva Ley de Administración local de Galicia para modernizar la normativa vigente tras 30 años
El Consello da Xunta aprobó hoy el proyecto de la nueva Ley de Administración local de Galicia, que sustituye la normativa actual tras casi 30 años de vigencia. Tal y como apuntó Rueda, era necesario adaptar la norma "a la realidad y a los nuevos cambio que fueron surgiendo en los últimos años" con el objetivo de "seguir garantizando que los ayuntamientos dispongan de los recursos que necesitan para llevar a cabo el ejercicio de sus competencias".
Se trata de una nueva norma pionera que convertirá a Galicia en referente estatal al dotar a las entidades locales de un marco normativo autonómico adaptado a las necesidades sociales, demográficas, tecnológicas y organizativas surgidas en los últimos años. Así, Galicia da el mayor paso en tres décadas por el municipalismo con una ley hecha con los ayuntamientos y para los ayuntamientos, que no deja a ningún municipio atrás y pensada para que todos tengan las mejores herramientas para responder a las necesidades de la ciudadanía.
Así, con esta ley se busca, según recordó el presidente, "modernizar el marco local gallego, simplificar la burocracia y adaptar la norma al entorno digital", además de "fomentar la cooperación entre administraciones".
El texto inicia ahora su trámite parlamentario después de completar el proceso de audiencia e información pública y de evaluar, según informó Rueda, alrededor de medio millar de aportaciones recibidas durante su tramitación. Además, en el marco de un proceso continuado de diálogo y escucha activa, la Xunta mantuvo reuniones con representantes de las diputaciones provinciales, de la Federación Galega de Municipios e Provincias y de los colegios de secretarios, interventores y tesoreros de administración local para evaluar sus aportaciones. El actual proyecto es fruto de un proceso participativo que contó con distintos estudios, congresos y actividades dirigidas a recoger las necesidades de las entidades locales.
La nueva Ley de Administración local de Galicia se estructura en un título preliminar y nueve títulos específicos -competencias de las entidades locales territoriales, del municipio, organización de los municipios, la provincia, otras entidades locales, disposiciones comunes a las entidades locales, fórmulas de cooperación y colaboración, gobierno abierto y, por último, hacienda y financiación local-, así como ocho disposiciones adicionales, siete transitorias, una derogatoria y dos últimas. En la derogatoria se suprimen cinco leyes autonómicas, lo que contribuye a simplificar el ordenamiento jurídico gallego: la Ley de Administración local de Galicia de 1997, la Ley del uso del gallego como lengua oficial de Galicia por las entidades locales de 1988, la Ley de desarrollo comarcal de 1996 y la Ley de 2004, para la aplicación a los municipios de Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Santiago de Compostela del régimen de organización de municipios de gran población y la Ley de 2014, de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la Ley de 2013, sobre la racionalización y la sostenibilidad de la Administración local.
Entre sus objetivos se incluyen la clarificación de competencias para que cada administración sepa lo que le corresponde, la adaptación de la organización municipal a la diversidad de los ayuntamientos con el foco en los municipios en situación de reto demográfico y el refuerzo del papel de las diputaciones, la adaptación al siglo XXI con la apuesta por la administración digital o la inteligencia artificial, una mayor participación ciudadana en las decisiones que les afectan, así como la mejora de la capacidad y de la autonomía financiera de las entidades locales.
En lo que se refiere a la clarificación del sistema de competencias de las entidades locales, se establece con mayor precisión el ámbito de actuación de las administraciones locales sin atribuir nuevas competencias, lo que ofrece más seguridad jurídica para los ayuntamientos y más claridad para la ciudadanía.
Por otra parte, la futura norma mira al rural y, por primera vez, le da un tratamiento específico a los municipios en situación de reto demográfico. Para estos ayuntamientos mediante la cooperación entre Xunta y diputaciones se establecen medidas específicas para que cuenten con la asistencia que necesitan para garantizar la prestación de servicios.
En esta línea, también se refuerza el papel de asistencia de las diputaciones provinciales a los municipios, sobre todo a los de menor capacidad económica y en situación de reto demográfico. Entre otras novedades, los municipios podrán participar en la elaboración del presupuesto provincial mediante una consulta electrónica no vinculante para trasladar sus prioridades, ofreciendo así más garantías e inversión a los ayuntamientos.
La nueva Ley de Administración local le da continuidad a la política mantenida por el Gobierno gallego en los últimos años de fomento de las fusiones voluntarias de municipios, a lo que se añade además el refuerzo del papel de las mancomunidades como una fórmula estable para prestar servicios de manera conjunta.
Con una menor duración temporal, la nueva regulación introduce otras fórmulas más flexibles de cooperación intermunicipal para afrontar necesidades concretas. Una de ellas son las áreas funcionales de carácter temporal, que permiten que varios ayuntamientos se agrupen para facilitar durante un período determinado la prestación de servicios conjuntos o realizar actuaciones de interés común. Otra de las figuras innovadoras son las agrupaciones de municipios para compartir personal municipal, hasta ahora solo previsto para personal funcionario con habilitación nacional. La nueva ley abre la posibilidad de compartir todo tipo de personal de carácter técnico para la prestación de los servicios municipales en ayuntamientos pequeños y con menos recursos. Es decir, se ofrece más capacidad a menor coste.
Sobre la organización, por ejemplo, se introduce en las diputaciones y en los municipios de más de 30.000 habitantes la figura de dirección pública profesional y en estos ayuntamientos también la posibilidad de crear vicealcadías.
Respecto de la modernización, se regula la utilización de la inteligencia artificial en la tramitación y en la toma de decisiones administrativas, pero siempre adaptada al marco europeo y con la supervisión humana como garantía. Además, se regulan los órganos colegiados a través de sesiones telemáticas y mixtas. Se reforzará por otra parte el gobierno abierto, que abarca medidas relacionadas con la transparencia, la integridad institucional y la rendición de cuentas. Del mismo modo, se aborda un amplio catálogo de herramientas para fomentar la participación ciudadana y propuestas concretas vinculadas con la innovación pública con las que probar y evaluar soluciones dirigidas a mejorar la prestación de servicios municipales. Se trata, por tanto, de herramientas del siglo XXI para una administración del siglo XXI.
En cuanto a la financiación local, el proyecto de ley recoge una de las novedades más destacables de la norma, pues en él se asientan las bases del nuevo modelo de participación de los municipios en los tributos de la comunidad. Cabe falta recordar que en esta materia la competencia básica corresponde al Estado y que la Xunta lleva años reclamando su modificación para tener en cuenta la realidad gallega. Pero dentro de la competencia autonómica y frente a la inacción del Ejecutivo central, Galicia no se resigna y la nueva ley materializa el compromiso del Gobierno gallego con la mejora de la suficiencia financiera local y establece el refuerzo de los recursos locales mediante el Fondo de Cooperación Local (FCL).
Por una parte, se fijan fondos incondicionados, destinados a acercar a los ayuntamientos recursos que pueden destinarse libremente a la financiación de sus competencias y necesidades. Representan casi el 89% del total del FCL, por lo que casi nueve de cada diez euros tendrán carácter incondicionado y se incrementarán en 20 millones de euros respecto del modelo actual. Además, la cantidad mínima anual para todos los municipios por costes fijos será de 100.000 euros. Su distribución tendrá en cuenta variables que permiten adaptar el reparto a la realidad de cada municipio como la población, el envejecimiento, la superficie, la dispersión, la situación de reto demográfico o el esfuerzo fiscal.
Por otra parte, también se establece un fondo para compensar los gastos de los ayuntamientos que tienen necesidades específicas vinculadas a la prestación de determinados servicios, así como otro dirigido a inversiones en infraestructuras municipales de carácter estratégico. El nuevo sistema pretende así acercar mayor estabilidad, más objetividad y autonomía financiera local, adaptando los recursos a las diferentes realidades de los ayuntamientos gallegos.