Barreiros, una historia de licencias, retrasos y derribos: seis familias contra el Ayuntamiento
El conflicto por los seis chalés de Lóngara, en Barreiros, entra en un momento decisivo más de dos décadas después de que comenzase una historia urbanística que ahora amenaza con terminar con la demolición de las viviendas. Las familias afectadas han decidido romper el silencio y señalan directamente a la gestión del actual Gobierno municipal del BNG, al que acusan de haber ralentizado los pasos que podrían permitir una eventual legalización mientras avanza con rapidez el procedimiento para ejecutar los derribos.
César Abelleira, uno de los afectados, insiste en que los propietarios han llegado a esta situación después de actuar confiando plenamente en las autorizaciones administrativas. "Nosotros garantías legales las teníamos todas, todas, todas", afirma. El origen se remonta a 2002, cuando dos propietarias solicitaron la segregación de dos parcelas para levantar seis chalés, en un momento en el que se aproximaba un cambio de la normativa urbanística. Las licencias fueron concedidas por el Concello, entonces gobernado por el PP, y posteriormente las parcelas fueron adquiridas individualmente por las familias.
LAS LICENCIAS.
Cada propietario construyó su propia vivienda conforme al proyecto autorizado y, según explica Abelleira, completó los trámites que se le exigían, incluida la escritura y la inscripción en el Registro de la Propiedad. "Cualquier persona que compre una casa o un piso en España no tenía más garantías de las que teníamos nosotros. Las teníamos todas", resume.
El problema apareció cuando las casas estaban ya prácticamente construidas. Una denuncia contra el Concello acabó incorporando también estas seis viviendas al procedimiento relacionado con el urbanismo de Barreiros. Según relata el afectado, las parcelas estaban clasificadas en aquel momento como suelo urbanizable, una situación que permitía construir pero que requería posteriormente desarrollar la urbanización correspondiente.
La sentencia acabaría declarando nulas las licencias de segregación y, como consecuencia, las actuaciones posteriores quedaron afectadas. Abelleira subraya una distinción que para las familias resulta fundamental: "El condenado es el Concello; los perjudicados somos nosotros". A partir de ahí, sostiene, quedaron abiertas dos posibilidades: ejecutar la demolición o conseguir una situación urbanística que permitiese argumentar la imposibilidad legal de ejecutar el derribo. Es en ese segundo camino donde entra el PXOM y donde las familias centran ahora buena parte de sus críticas.
EL PXOM.
Los afectados consideran que la aprobación inicial de un nuevo planeamiento podría resultar determinante para intentar defender ante la Justicia una vía alternativa al derribo. No aseguran que la aprobación inicial garantice por sí misma la salvación de las viviendas, pero sostienen que proporcionaría un instrumento administrativo con el que acudir de nuevo a los tribunales.
El conflicto ha atravesado gobiernos de distinto signo político. Las familias también reprochan al anterior ejecutivo del PP que no culminase el planeamiento. Pero las críticas más duras recaen ahora sobre el BNG porque, recuerdan, Ana Ermida llegó a la Alcaldía en 2019 defendiendo precisamente la necesidad de ordenar urbanísticamente Barreiros.
Según Abelleira, desde aquel momento mantuvieron contactos con el Gobierno local y durante años evitaron trasladar su situación a la prensa porque confiaban en que se estaba trabajando en una salida. "Ella nos decía que lo estaba intentando solucionar, que estaba intentando avanzar el plan, nos contaba los avances", relata.
La paciencia, sin embargo, acabó agotándose. Los afectados aseguran que fueron ellos mismos los que buscaron reuniones e interlocutores en otras administraciones cuando percibieron que los avances eran demasiado lentos. Abelleira sostiene que desde el Concello se les trasladaban dificultades para mantener determinados contactos con la Xunta, mientras que ellos consiguieron ser recibidos y recibir indicaciones sobre los pasos que debían darse.
La conclusión a la que llegaron fue clara: necesitaban avanzar hasta la aprobación inicial del PXOM. "Un plan no es suficiente con decir que lo estás sacando", resume Abelleira sobre los requerimientos judiciales recibidos durante estos años.
DOS VELOCIDADES.
Es precisamente en este punto donde las familias lanzan su acusación más grave contra el actual Gobierno de Barreiros. Consideran que el Concello está aplicando "dos velocidades": una lenta para avanzar en el planeamiento y otra mucho más rápida para cumplir los trámites de la demolición.
Abelleira reconoce que el Concello está obligado a cumplir las resoluciones judiciales y no responsabiliza al juzgado de buscar deliberadamente el derribo. "Un juez no puede dejar que la sentencia no se ejecute", admite. Lo que cuestiona es que el Gobierno municipal no haya empleado con idéntica intensidad los últimos años en desarrollar la alternativa urbanística.
"Lo que hacen los ayuntamientos cuando tienen un problema de estos es: no me niego a tirarlo, pero ralentizo ese proceso todo lo que puedo y el otro proceso, el de la legalización, lo agilizo", explica. Según su versión, en Barreiros estaría sucediendo ahora precisamente lo contrario.
Como ejemplo, los afectados apuntan a la tramitación de la contratación de la demolición y a las comunicaciones recibidas para facilitar el acceso a las propiedades. Frente a esa velocidad, la contraponen a los años consumidos por el planeamiento. Para Abelleira, resulta difícil entender que determinados trámites vinculados al derribo se resuelvan con tanta agilidad mientras otros decisivos para intentar salvar las viviendas han acumulado demoras.
Las familias llegan incluso a relacionar esta situación con la proximidad de las elecciones municipales de mayo de 2027. Se trata de una interpretación de los afectados, no de un hecho acreditado, pero Abelleira asegura estar convencido de que el calendario electoral pesa en la actuación municipal. En su opinión, una vez asumido políticamente que las casas no se salvarían, interesaría ejecutar la sentencia cuanto antes para alejar el conflicto de la campaña.
PLAN AVANZADO.
La indignación aumentó, según relata, cuando los propietarios comprobaron que el planeamiento estaba más avanzado de lo que inicialmente pensaban. Las familias acudieron a una reunión en la que participaron el arquitecto redactor, la alcaldesa, la secretaria y la arquitecta municipal. Según Abelleira, solicitaron posteriormente el acta como afectados y en ella quedaría constancia de que el redactor había entregado la documentación y de que correspondía a los servicios municipales elaborar los informes.
El afectado asegura además que en esa documentación las viviendas aparecen en una zona con una clasificación urbanística que, según la interpretación de las familias, podría abrir una vía para su legalización.
Por ello sostienen que el Concello debería concentrar todos los esfuerzos en llevar el documento hasta la aprobación inicial. Si los informes técnicos resultasen favorables, explican, el siguiente paso sería su tramitación política. A partir de ese momento intentarían acudir nuevamente a la vía judicial para pedir que se tuviese en consideración la nueva situación urbanística.
"Si son favorables, la alcaldesa podría convocar un pleno extraordinario", defiende Abelleira, que considera incomprensible no agotar esa posibilidad antes de que entren las máquinas en las propiedades.
Los afectados también describen una falta de coordinación interna en el Concello y aseguran que percibieron importantes discrepancias entre responsables políticos y técnicos durante el proceso. Para ellos, esta situación contribuyó a prolongar una tramitación en la que cada mes perdido puede resultar decisivo.
SIN EMPATÍA.
Pero si algo terminó por provocar la reacción pública de las familias fue escuchar al Gobierno municipal afirmar que estaba a su lado. Hasta ese momento, asegura Abelleira, habían evitado la exposición mediática. La salida a licitación de los trabajos de demolición lo cambió todo.
"Dicen que están al lado de las familias y no saben ni quiénes somos", reprocha. Según explica, solicitaron hablar con los concejales precisamente para que conociesen personalmente a los propietarios de las casas que pueden desaparecer. "¿Voy a dejar que tiren mi casa sin quejarme?", se pregunta ante las críticas que, asegura, recibieron por la campaña pública iniciada en las últimas semanas.
También rechazan que su movilización se interprete en clave partidista. Abelleira insiste en que no actúan contra el BNG por cuestiones ideológicas y recuerda que también responsabilizan a los anteriores gobiernos del PP de las decisiones y retrasos acumulados. Pero deja claro que quien tiene ahora capacidad de actuar es el ejecutivo encabezado por Ana Ermida. "El mismo daño nos hicieron unos que otros, pero ahora quien está aquí jugando es la alcaldesa", sostiene.
Esa es precisamente la idea que las familias quieren trasladar a la ciudadanía: no cuestionan que exista una sentencia ni que el Concello esté obligado a atenderla. Lo que cuestionan es si durante estos años se hizo realmente todo lo posible para llegar a tiempo con una alternativa.
Tras más de veinte años confiando en documentos administrativos, sentencias, reuniones y promesas, los propietarios consideran que ya no pueden permanecer callados. Defienden que no levantaron clandestinamente seis casas ni construyeron al margen del Concello. Compraron parcelas con licencia, edificaron conforme a las autorizaciones que tenían y convirtieron aquellas viviendas en sus hogares.
Ahora, mientras la demolición se aproxima, la pregunta que lanzan al Gobierno de Barreiros es mucho más incómoda que la discusión sobre quién inició el problema hace dos décadas: si existe todavía una mínima posibilidad de avanzar en el planeamiento e intentar salvar seis hogares, ¿por qué no se está corriendo tanto para hacerlo como para derribarlos?