Besteiro acusa a Feijóo y Rueda de tratar como «gallegos de segunda» a los nietos «a los que ahora se les niega el voto»
Gallegos con nacionalidad española que votaron en las generales de 2023 se quedarán sin votar el 29 de noviembre. José Ramón Gómez Besteiro lo denunció esta mañana y señaló a quienes apoyan esa decisión, el PP y Vox. «Hay personas nacionales, gallegos y gallegas, a las que se les va a negar la posibilidad de votar. Gente que incluso votó en las elecciones del 23», dijo el secretario general del PSdeG.
El Tribunal Supremo confirmó ayer las medidas cautelares que dejan fuera del 29N a las 163.020 personas inscritas en el censo de residentes ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad por la llamada Ley de Nietos, salvo que acrediten el exilio de sus ascendientes. Lo había pedido Vox, el partido de Santiago Abascal, y tanto Feijóo como Rueda aplaudieron la decisión. De hecho, Alberto Núñez Feijóo celebró el auto en cuanto se conoció.
Besteiro no oculta que discrepa del tribunal. «A mí no me parece que sea una medida acertada. La restricción de los derechos solo se puede hacer a través de sentencias firmes. No se puede hacer a través de medidas cautelares». Pero dejó claro dónde pone el foco: «Sobre todo estoy en contra de la opinión política que manifiestan la derecha y la ultraderecha, que les niegan el derecho al voto a esas personas».
Hay una segunda parte en la crítica, la de la coherencia. «Después vamos a ultramar, al otro lado del mundo, hablamos con los gallegos y gallegas y decimos que los queremos mucho. Pero aquí la realidad es que hay gallegos y gallegas de primera y gallegos y gallegas de segunda». Para el líder socialista, una persona con nacionalidad española «tiene todos los derechos», y esos derechos «no se pueden quitar salvo por sentencia firme».
Con esa fórmula resume Besteiro unas elecciones, las del 29N, que calificó de «históricas» y «extraordinariamente importantes» para el país, y en las que espera «un magnífico resultado». La gente, dijo, tendrá que escoger entre dos modelos. En un lado sitúa la sanidad pública, la educación pública y las pensiones, un sistema que Vox, «aliado tradicional» del PP, parece querer revisar y que, según sus cálculos, afecta a 800.000 gallegos y gallegas.
Y después está la vivienda, que los socialistas quieren convertir en el quinto pilar del Estado del bienestar. Besteiro recordó que es competencia de la Xunta y criticó que al Gobierno gallego le baste con anunciar viviendas a largo plazo: «Se nos prometen para dentro de no sé cuántos años 10.000 viviendas». También recurrió a la AP-9. «Vox vota en contra de la transferencia de la AP-9. Todas esas cosas, consentidas por parte del Partido Popular, son lo que nos jugamos el 29N».
«Es el momento de concentrar el voto», pidió a los progresistas. Para explicarlo, volvió a Lugo, donde en 2023 el PSOE se quedó «a tres mil votos» del segundo diputado. «Triplicamos en votos al BNG en esa circunscripción y triplicamos los votos de Sumar. Si el compromiso es frenar la amenaza real de la derecha y de la ultraderecha, el voto útil en esa provincia tiene que dirigirse al Partido Socialista». Eso sí, evitó cuestionar cualquier otra opción política «legítima».
Sobre las listas, avanzó renovación. Un partido «profundamente feminista», dijo, que apostará por la juventud y por lo que le está trasladando la militancia estos días, a la espera de que el Comité Federal cierre las candidaturas a finales de la próxima semana. «Somos el único partido que lo hacemos», presumió en referencia a esa consulta a las bases.
El cierre lo reservó para los derechos. «Cada generación tiene su obligación de no dar ni un solo paso atrás en los derechos que se van conquistando. Pero los derechos no están ahí para siempre. Hay que defenderlos. ¿Y cómo se defienden en democracia? Votando».
El secretario general del PSdeG visitó esta mañana las instalaciones de la Asociación Aspas, una entidad del tercer sector que trabaja en el ámbito de la discapacidad intelectual. Allí reclamó el respaldo a las organizaciones que, como esta, promueven el empleo entre un sector de la población que necesita su apoyo y destacó, al respecto, que en Galicia todavía «hay muchas cosas que mejorar». Por ello, valoró el papel de la nueva Ley de Economía Social que el Gobierno sacó adelante este año.
«Ahora que van a entrar en el Parlamento los Presupuestos de la Xunta para el año 2027, los socialistas hacemos una petición clara: hay que dotar a estas entidades de una financiación suficiente, estable y puntual», reclamó antes de recordar que el año pasado muchas asociaciones «tuvieron que recurrir a la solicitud de préstamos porque las ayudas no llegaban».