Besteiro se reúne con bomberos forestales y se suma a sus reclamaciones
El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, recordó hoy que el verano pasado, en Oímbra, varios brigadistas de una brigada municipal acabaron en la unidad de quemados. “Estaban en el monte porque alguien los mandó allí con la escasa formación que tenían, con los medios que tenían y, también hay que decirlo, con el contrato que tenían”, afirmó. Ese detalle, el del contrato, es el que la Xunta de Galicia no menciona cuando presume de su dispositivo contra los incendios, señaló el socialista.
Besteiro denunció que “Galicia entra en la campaña de alto riesgo con 181 bomberos de refuerzo contratados por SEAGA a través de contratos de noventa días, retribuidos por debajo del personal fijo del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (SPIF) de la Xunta”. El anuncio se produjo tras una reunión con UGT con la que el Grupo Socialista abrió la jornada: un encuentro con profesionales que trabajan en el monte, bomberos, agentes medioambientales y técnicos del servicio de extinción.
“Lo que nos trasladaron es un aviso de seguridad pública, y habría que escucharlo antes de que vuelva a arder, no después”, señaló Besteiro, que recordó que a mediados de junio, con incendios ya activos en Padrón y en Boborás, parte de esos contratos de refuerzo seguían sin firmarse.
La fórmula escogida por la Xunta para contratar a ese personal es el contrato por circunstancias de la producción, un mecanismo pensado para cubrir necesidades puntuales y temporales. El problema es que la propia documentación interna de SEAGA reconoce que, si esta necesidad de refuerzo se mantiene en los próximos años, habrá que crear puestos estructurales. Es decir, la empresa pública admite por escrito que el problema no es estacional. “Si es una necesidad permanente, ¿cómo puede ser que la solución sea un contrato de tres meses?”, preguntó Besteiro.
El líder socialista puso el foco también en el historial de incumplimientos del gobierno de Feijóo primero y de Rueda después. El Parlamento gallego aprobó en 2018, por consenso entre todos los grupos, un dictamen con medidas concretas tras la tragedia de los incendios de 2017. “Estamos en 2026 y casi nada de aquel dictamen se ha cumplido”, afirmó Besteiro, quien recordó que el PSdeG ya reclamó su cumplimiento en 2022 y volvió a hacerlo este mes de mayo con iniciativas parlamentarias.
En este contexto, el secretario general anunció que el Grupo Socialista va a exigir a la Xunta un informe técnico en treinta días que detalle las necesidades reales de personal del sistema de extinción, identificando los puestos que faltan y las zonas de mayor riesgo. Las demandas socialistas incluyen la creación de un modelo público, estable y profesional durante todo el año, la cobertura de los puestos estructurales deficitarios y la publicación semestral de los datos reales de prevención por distrito forestal.
Por su parte, Carmen Rodríguez Dacosta cuestionó la decisión de la Xunta de contratar 42 nuevas brigadas municipales que empezarán a trabajar a mediados de julio. “Están recuperando un sistema que ya fracasó; la propia Xunta decidió en su día que ese modelo era precario y absorbió a ese personal en el operativo propio. Ahora vuelven al mismo punto, con personal que va a llegar al monte con escasa formación y enfrentándose a incendios de quinta y sexta generación”, advirtió.
“Quien se juega la vida apagando el fuego merece bastante más que un contrato de noventa días y una promesa que lleva ocho años sin cumplirse”, concluyó el secretario general, que avanzó que las demandas de los profesionales reunidos hoy serán llevadas al Parlamento y a la opinión pública.