Cientos de empleados públicos se concentran ante la Xunta para reclamar más derechos laborales y mejores servicios públicos
Cientos de empleados y empleadas públicas de la Administración gallega se concentraron este miércoles ante la sede de la Xunta de Galicia en Santiago de Compostela en una movilización convocada por CCOO, CSIF y UGT para denunciar lo que consideran un recorte de derechos laborales y reclamar una mejora de los servicios públicos.
Las tres organizaciones sindicales criticaron la actuación de la Administración autonómica, a la que acusan de actuar mediante la imposición de medidas sin un marco real de negociación colectiva, así como de mostrar una falta de voluntad para alcanzar acuerdos con las organizaciones representativas del personal. Según denuncian, esta situación está provocando un deterioro progresivo de las condiciones laborales y del funcionamiento de los servicios públicos.
Los sindicatos sostienen que las decisiones adoptadas en los últimos meses suponen un retroceso en cuestiones fundamentales relacionadas con la negociación colectiva, la seguridad jurídica, la transparencia y los derechos de las trabajadoras y trabajadores públicos. Además, consideran que la Xunta está ignorando de forma reiterada sus demandas y propuestas, lo que califican como una dinámica incompatible con el diálogo social.
Entre los ejemplos expuestos por las organizaciones convocantes figura la modificación del decreto de listas de contratación temporal, aprobada a pesar del voto en contra de los representantes sindicales presentes en la negociación. También señalan los retrasos y problemas en la resolución de procesos selectivos, concursos de traslados y procesos de estabilización, así como la decisión de devolver a la empresa pública SEAGA la gestión de las brigadas de prevención y defensa contra incendios forestales.
CCOO, CSIF y UGT reclaman la suspensión de la reforma del decreto de listas, la resolución definitiva de los procesos selectivos y de movilidad con garantías jurídicas, así como el refuerzo del Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales mediante su gestión directa por la Consellería de Medio Rural.
Las organizaciones sindicales también demandan la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas, la apertura de un nuevo acceso extraordinario a la carrera profesional, la puesta en marcha del sistema ordinario de carrera profesional, el desarrollo del grupo B de clasificación profesional y un impulso real a la promoción interna y al acceso al empleo público.
Entre otras reivindicaciones, solicitan la implantación del concurso abierto y permanente, la ampliación de los coeficientes reductores para determinados colectivos profesionales, la apertura de las mesas de negociación pendientes en diferentes ámbitos de la Administración y avances concretos en los acuerdos relacionados con la política social y con el sector del medio rural.
Las tres centrales sindicales defendieron la necesidad de mantener una estrategia común para recuperar el diálogo con la Administración y mejorar tanto las condiciones laborales del personal como la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía. Además, destacaron su voluntad de actuar de forma coordinada frente a lo que consideran movilizaciones unilaterales vinculadas a intereses ideológicos.
Esta concentración constituye la primera acción de una campaña de movilizaciones que, según avanzaron los convocantes, continuará en los próximos meses con el objetivo de denunciar el deterioro de la función pública y exigir un cambio de rumbo en la política de personal de la Xunta de Galicia. Los sindicatos recordaron que la defensa de los derechos de los empleados públicos está directamente ligada a la defensa de unos servicios públicos de calidad para el conjunto de la sociedad.
El PSOE acusa a la Xunta de discriminar al personal
La parlamentaria socialista Patricia Iglesias acusó hoy a la Xunta de provocar una “nueva discriminación” contra los cerca de 500 trabajadores y trabajadoras públicas que aprobaron la promoción interna en 2023 y que llevan más de dos años esperando por la resolución definitiva. Iglesias presentó una pregunta oral en la Comisión Institucional del Parlamento sobre esta “constatación de un fracaso de planificación” del Gobierno gallego.
Advirtió que esta situación deriva de una política de personal que “lleva años funcionando sin planificación, sin previsión y sin un modelo estable de provisión y carrera profesional”. Añadió que esta forma de trabajar basada en la “improvisación permanente” provoca “concursos bloqueados, tomas de posesión aplazadas, comisiones de servicio permanentes, falta de concursos abiertos y ausencia de calendarios previsibles”.
Criticó que ante esta situación, el Gobierno gallego haya decidido relegar a este personal de promoción interna, que queda “postergado por detrás de otros procesos selectivos e incluso de los procesos extraordinarios de estabilización”. Denunció que lo que están demostrando es que la promoción interna no es una prioridad, provocando un “agravio comparativo” con estos profesionales en un proceso que está resultando “profundamente injusto”.
Reclamó “un verdadero sistema de promoción interna periódica y previsible, acompañado de un concurso abierto y permanente, que permita desarrollar la carrera profesional sin depender de la improvisación ni de los cambios continuados de la Administración”.