Cientos de personas apoyan en Barreiros a las familias de los seis chalés amenazados de derribo
Cientos de personas se acercaron este viernes a la Casa del Concello de Barreiros para mostrar su apoyo a las seis familias afectadas por la orden de derribo de los chalés de Lóngara. La concentración, convocada a las 18.00 horas, sirvió para trasladar nuevamente a la calle una reivindicación que en las últimas semanas ha ido ganando visibilidad y con la que los propietarios buscan agotar todas las posibilidades antes de que se ejecute la demolición de sus viviendas.
La concentración contó además con una rueda de prensa en la que las familias explicaron su situación y abordaron algunas de las cuestiones que rodean al procedimiento. También participó Daniel Vispo, de ADEGA, que está colaborando con ellas y ayudando a aclarar diferentes aspectos del conflicto, incidiendo en que se trata de una intervención "no partidista". Explicó la situación desde el principio.
El representante de la asociación recuerda que en su momento se retiraron alrededor de 60 contenciosos relacionados con la situación urbanística de Barreiros, pero que estos casos concretos quedaron fuera. 'A pesar de que todos estaban en el mismo juzgado', señala.
En este contexto, Vispo cuestiona la actuación de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU). 'Una vez retirados esos contenciosos, la APLU, que sabe perfectamente cómo se hizo todo aquí en Barreiros, está empeñada en ejecutar la sentencia con el derribo de las casas', afirma. Además, asegura que no entienden 'por qué la APLU comenzó a amenazar al Ayuntamiento con que o ejecuta o que se atenga a las consecuencias'.
El representante de ADEGA también se muestra crítico con la actuación judicial en este proceso. 'La Justicia aquí no actuó correctamente', sostiene, especialmente teniendo en cuenta que otros procedimientos relacionados con la situación urbanística del municipio sí fueron retirados mientras estos continuaron adelante.
Vispo aclara, en todo caso, que su posición no pasa por oponerse al cumplimiento de las resoluciones judiciales. 'No negamos que haya que ejecutar. No estamos en contra', asegura. Sin embargo, incide en que el derribo no sería, a su entender, la única salida posible: 'La sentencia dice que se puede legalizar y no derribar'.
Finalmente, critica la manera en la que se está abordando la situación de las familias afectadas. 'Una forma de actuar tan al azar no es una forma correcta de proceder. Esto nos afecta a todos', afirma. En este sentido, considera que tampoco se debería proceder al derribo 'sin garantizar que los afectados vayan a ser debidamente indemnizados'.
Una llamada a la colaboración entre administraciones
"Hay solución sin demolición" fue uno de los principales mensajes de la movilización. Las familias insistieron también en que "las administraciones deben trabajar unidas a favor de quien hace bien las cosas", defendiendo que levantaron sus casas confiando en las licencias y autorizaciones administrativas que les habían sido concedidas. Los afectados llevan semanas explicando que construyeron las viviendas amparados por las licencias de las que disponían.
Durante la protesta, los propietarios reiteraron que su reivindicación no está dirigida exclusivamente contra el Concello de Barreiros. Consideran que el gobierno municipal desempeña actualmente un papel especialmente relevante por la tramitación del Plan General de Ordenación Municipal (PXOM), pero recuerdan que en el procedimiento también están implicados otros organismos e instituciones.
Por ello, reclaman una actuación coordinada que permita estudiar todas las alternativas posibles antes de llegar a un escenario irreversible. "Las administraciones tienen que trabajar juntas para resolver lo que los ciudadanos hicieron bien, siguiendo sus normas", sostienen.
Una de las vías en las que las familias depositan sus esperanzas pasa precisamente por el nuevo planeamiento urbanístico. En las últimas semanas reclamaron que se agilice la tramitación del PXOM para intentar evitar el derribo, al considerar que su avance podría permitir explorar una posible regularización de las viviendas.
Los afectados han cuestionado además los diferentes ritmos del procedimiento. Según vienen denunciando, existe "prisa para derribar y lentitud para legalizar", al entender que los pasos encaminados a la ejecución de las demoliciones avanzan más rápidamente que las alternativas urbanísticas que podrían contribuir a buscar una salida.
Las familias quieren agotar todas las posibilidades
La movilización llega en un momento especialmente delicado para los propietarios, que continúan defendiendo que debe existir una alternativa a la pérdida de sus casas. Su objetivo inmediato es conseguir que las diferentes administraciones implicadas analicen conjuntamente las posibilidades existentes antes de ejecutar los derribos.
Las familias ya han advertido de que, si el procedimiento continúa y llega el momento de acceder a los inmuebles para ejecutar las demoliciones, exigirán la orden judicial para permitir la entrada en las viviendas. En caso de que finalmente no puedan conservar las casas, también solicitarán tiempo suficiente para retirar sus pertenencias.
Sin embargo, este continúa siendo el último escenario para unas familias que mantienen como prioridad evitar las demoliciones. La respuesta a la concentración de este viernes les permitió visualizar el respaldo de una parte de los vecinos y trasladar nuevamente su petición: que el Concello y el resto de administraciones implicadas busquen una solución antes de que el derribo sea irreversible.